Fiscalía acusa por homicidio a joven que mató a otro chofer en Cartago: el crimen estremeció al país

El caso, que quedó grabado en video y generó amplio debate nacional, llegará a juicio el próximo 6 de julio. El acusado enfrentará cargos por homicidio simple.

Redacción- El conductor de apellido Mora, quien mató a otro chofer durante una discusión ocurrida en la autopista Florencio del Castillo el pasado 12 de mayo, enfrentará juicio el próximo 6 de julio, informó Diario Extra.

La Fiscalía confirmó que ya presentó la acusación formal junto con la solicitud de apertura a juicio por uno de los casos más mediáticos de los últimos meses en Costa Rica.

De acuerdo con fuentes judiciales cercanas a Grupo Extra, el Ministerio Público acusa a Mora por el delito de homicidio simple y descartó que su actuación estuviera amparada bajo la figura de legítima defensa, uno de los aspectos más debatidos desde que ocurrieron los hechos.

El incidente se produjo tras un percance vial que derivó en una discusión entre el acusado y la víctima, identificada con los apellidos Granados López.

La confrontación fue captada por varios videos que circularon ampliamente en redes sociales y medios de comunicación.

En las imágenes se observa cómo ambos hombres intercambian palabras y posteriormente la situación escala hasta un enfrentamiento físico.

Según la investigación, Mora sacó un arma de fuego y disparó contra Granados en una de sus piernas.

Aunque la herida no impactó órganos vitales, la víctima falleció minutos después debido a una hemorragia severa provocada por el disparo.

Las grabaciones también muestran que Granados avanzó hacia el otro conductor portando un objeto contundente, situación que generó una intensa discusión pública sobre si el disparo podía considerarse o no una acción de defensa propia.

Sin embargo, la Fiscalía concluyó que existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal al imputado y solicitar que el caso sea conocido en debate.

Tras los hechos, Mora recuperó su libertad el mismo día bajo medidas cautelares, entre ellas la obligación de firmar periódicamente ante las autoridades judiciales y la prohibición de portar armas de fuego.

Ahora será un tribunal el que determine si el acusado es culpable o inocente del delito que se le atribuye.