Defensoría alerta que 389 centros educativos tienen órdenes sanitarias sin proyectos de reparación

La institución advierte que cientos de centros educativos operan con órdenes sanitarias vigentes y cuestiona el modelo actual de gestión de infraestructura escolar.

Redacción- La Defensoría de los Habitantes encendió las alarmas sobre el estado de la infraestructura educativa del país y urgió al Ministerio de Educación Pública (MEP) a tomar medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro de escuelas y colegios.

Según un informe técnico remitido al MEP, el curso lectivo 2026 comenzó con 389 centros educativos que cuentan con órdenes sanitarias vigentes y que aún no tienen proyectos asignados para su reparación o remodelación.

Además, la institución reportó un total de 871 advertencias sanitarias a nivel nacional, de las cuales 101 se encuentran en categoría roja, lo que implica un riesgo inminente de cierre total debido a las condiciones que podrían comprometer la seguridad de estudiantes y personal. La mayoría de estos casos se concentra en la provincia de Limón.

La Defensoría considera que la problemática va más allá de la falta de recursos y apunta a un modelo de gestión que delega en las Juntas de Educación y Administrativas responsabilidades técnicas y administrativas para las que, en muchos casos, no cuentan con la capacidad necesaria.

De acuerdo con el informe, esta situación ha provocado que importantes recursos económicos permanezcan sin ejecutarse mientras numerosos proyectos de infraestructura acumulan años de atraso.

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, señaló que el esquema actual requiere una transformación profunda que permita trasladar la responsabilidad total de la gestión de infraestructura a la Dirección de Infraestructura Educativa (DIEE) del MEP, manteniendo la participación comunitaria en labores de vigilancia y acompañamiento.

Entre las principales causas identificadas por la Defensoría se encuentran la complejidad de los procesos de contratación pública, la falta de capacidad técnica de las juntas, la ausencia de un diagnóstico integral actualizado sobre el estado de los centros educativos y el impacto desigual que la situación genera en comunidades rurales y de menor desarrollo.

Como parte de sus recomendaciones, la institución pidió al MEP elaborar una programación de inversiones para el período 2026-2035 que establezca prioridades claras, cronogramas definidos y fuentes de financiamiento para atender las necesidades más urgentes.

Asimismo, insistió en que el Estado debe asumir directamente la responsabilidad sobre la construcción, mantenimiento y gestión de la infraestructura educativa, con el fin de garantizar condiciones seguras, dignas y adecuadas para el aprendizaje de miles de estudiantes en todo el país.