La funcionaria, investigada por el presunto delito de favorecimiento real, enfrentó este jueves la audiencia de medidas cautelares. Aunque no permanecerá en prisión, el juzgado ordenó su suspensión del cargo durante seis meses mientras avanza la investigación.
La situación judicial de la defensora pública de apellido Hernández dio un nuevo giro este jueves por la tarde, luego de que un juez penal resolviera dejarla en libertad, aunque bajo una serie de medidas cautelares que incluyen su suspensión del cargo por los próximos seis meses.
La decisión fue tomada al concluir la audiencia de medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, dentro de la investigación que se sigue en su contra por el presunto delito de favorecimiento real.
Con esta resolución, la funcionaria no permanecerá en prisión preventiva, pero tampoco podrá ejercer como defensora pública mientras se desarrolla el proceso penal.
Ahora corresponderá a las instancias administrativas del Poder Judicial ejecutar la orden de suspensión y determinar si esa separación temporal del cargo será con goce o sin goce de salario.
Esa decisión no fue adoptada por el juez penal, sino que deberá ser analizada por el departamento competente del Poder Judicial, conforme a la normativa interna que regula este tipo de situaciones.
Hernández fue detenida esta semana tras un allanamiento realizado en su oficina por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La investigación señala que, presuntamente, habría elaborado un mensaje en una hoja membretada del Poder Judicial con la frase "Él está vivo, hay que matarlo", el cual supuestamente entregó a uno de sus defendidos para que fuera mostrado a otras personas vinculadas con una organización criminal que opera en Cartago.
Por estos hechos, la Fiscalía le atribuye de momento el presunto delito de favorecimiento real, mientras continúan las diligencias para determinar si existen otros elementos que puedan ampliar la investigación.
La resolución del juez permite que la funcionaria continúe el proceso en libertad, aunque bajo restricciones judiciales y apartada de sus funciones por un período inicial de seis meses.
El caso continúa en etapa de investigación, por lo que corresponderá al Ministerio Público reunir las pruebas y determinar si presenta una acusación formal ante los tribunales. Mientras tanto, la sospechosa mantiene su estado de inocencia hasta que exista una sentencia firme en su contra.
