Defensora pública detenida había sido destituida de su cargo meses atrás por otra falta disciplinaria

El Tribunal de la Inspección Judicial revocó su nombramiento en febrero de este año, pero la resolución fue apelada y aún no está en firme, por lo que continuó ejerciendo como defensora pública hasta su captura de este miércoles.

Redacción- La captura de una defensora pública de apellido Hernández, investigada por su presunta participación en un caso relacionado con una amenaza de muerte entre estructuras criminales de Cartago, destapó un antecedente administrativo que ya había puesto en riesgo su permanencia dentro del Poder Judicial.

Información suministrada a este medio por la Oficina de Comunicación del Poder Judicial confirma que la funcionaria ya había sido objeto de una sanción administrativa por parte del Tribunal de la Inspección Judicial.

De acuerdo con la institución, la defensora figura dentro del expediente disciplinario número 25-000023-1820-DI, en el cual el Tribunal de la Inspección Judicial resolvió, mediante una resolución emitida a las 9:36 a.m. del 27 de febrero de 2026, revocar su nombramiento.

Sin embargo, esa decisión no quedó en firme.

La funcionaria presentó un recurso de apelación contra la resolución y ese trámite aún se encuentra pendiente de ser resuelto por las instancias correspondientes.

Precisamente por esa razón, Hernández continuó desempeñando sus funciones como defensora pública y permanecía en su puesto al momento en que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron este miércoles el allanamiento en su oficina y procedieron con su detención.

La captura se produjo dentro de una investigación penal completamente distinta al expediente administrativo.

En este nuevo caso, la Fiscalía investiga a la funcionaria por el presunto delito de favorecimiento real, luego de que, según la investigación, aparentemente escribiera en una hoja membretada del Poder Judicial el mensaje “Él está vivo, hay que matarlo” y lo entregara a uno de sus defendidos para que fuera mostrado a otros sospechosos vinculados a organizaciones criminales que operan en Cartago.

Los investigadores sostienen que el objetivo del mensaje era promover la eliminación de una persona relacionada con una causa por tentativa de homicidio, aunque será el proceso judicial el que determine la responsabilidad penal de la defensora.

Mientras tanto, el proceso disciplinario que motivó la revocatoria de su nombramiento continúa en etapa de apelación, por lo que la resolución aún no adquiere firmeza.

Con este nuevo expediente penal en marcha, la situación jurídica y laboral de la funcionaria podría complicarse aún más conforme avancen las investigaciones del Ministerio Público y las decisiones que adopten tanto los tribunales penales como las autoridades administrativas del Poder Judicial.