Costa Rica pierde ¢2,6 billones por evasión y contrabando

Autoridades advierten que el dinero que no ingresa al Estado equivale al 5,66% del PIB y afecta recursos para educación, infraestructura y programas sociales

Redacción- La evasión fiscal, el fraude aduanero y el contrabando continúan representando una de las mayores amenazas para las finanzas públicas de Costa Rica. Según datos del Ministerio de Hacienda, el país deja de percibir alrededor de ¢2,6 billones al año debido a estas prácticas, una cifra que equivale al 5,66% del Producto Interno Bruto (PIB).

Las autoridades aseguran que detrás de estos delitos ya no operan únicamente comerciantes informales o pequeños grupos, sino estructuras criminales cada vez más organizadas, con capacidad para mover grandes cantidades de mercancías y recursos económicos.

“En los últimos años han venido creciendo los grupos asociados al contrabando de productos ya más similares a las organizaciones criminales propiamente que a un simple contrabando menos hormigas y ahora sí mucho más grande. Hablamos, por ejemplo, que en cigarrillos tenemos casi el 55% del mercado con productos contrabando. En licores también tenemos una cantidad muy significativa de contrabando”, afirmó el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal.

Contrabando vinculado al crimen organizadoLas autoridades señalaron que el fenómeno ha evolucionado y actualmente mantiene vínculos con organizaciones dedicadas a otras actividades ilícitas.

“Vemos también crimen organizado con drogas, contrabando, armas, dinero, personas. También hay transnacionales, hay grupos completamente organizados”, explicó Katherine Trejos, directora de la Policía de Control Fiscal.

Según las autoridades, estas estructuras utilizan mecanismos cada vez más sofisticados para evadir controles y reducir artificialmente el pago de impuestos.

Manipulación de facturas y subvaloración de mercancíasEntre las principales modalidades detectadas se encuentran la alteración de facturas, la subfacturación de mercancías, la declaración incorrecta de productos y el ocultamiento de bienes durante los procesos de importación.

“Una de las cosas que sucede es que muchas veces lo que viene declarado no es lo que ingresa finalmente. Por ejemplo, las consolas de videojuegos. Las consolas de videojuegos tienen un selectivo consumo que anda como en un 30%, algo por el estilo. Entonces si nosotros revisamos las estadísticas de importaciones, nosotros vemos que realmente casi no se importan consolas de videojuegos”, explicó Adrián Edwards, director general de Aduanas.

Las autoridades consideran que estas prácticas generan una competencia desleal para las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias y afectan directamente la recaudación estatal.

Hacienda apuesta por mayor fiscalizaciónEl Ministerio de Hacienda sostiene que el país aún tiene margen para aumentar la recaudación sin necesidad de crear nuevos impuestos, siempre que se reduzcan los niveles de evasión, informalidad y contrabando.

“Costa Rica tiene espacio para subir la recaudación en al menos tres puntos porcentuales si somos nosotros prudentes en cuanto a la informalidad de este país y todos los casos de evasión y contrabando. Tenemos espacio para hacerlo y debemos hacerlo, porque quienes cumplen con el pago de los impuestos no deben pagar las consecuencias de aquellos que no los cumplen”, indicó Carvajal.

El jerarca agregó que actualmente se analizan reformas para endurecer las sanciones contra quienes participen en esquemas de evasión fiscal y cadenas de contrabando.

“Costa Rica no necesita más impuestos. Necesitamos hoy recaudar mejor y ser mucho más eficientes también en el gasto”, concluyó.

Un impacto que llega a toda la poblaciónLas autoridades insisten en que la evasión y el contrabando no solo afectan las finanzas del Estado, sino también la capacidad del país para financiar servicios públicos e inversiones en infraestructura.

Cada impuesto que no se paga y cada producto que ingresa ilegalmente al mercado representan recursos que dejan de destinarse a educación, salud, seguridad, programas sociales y obras públicas, aseguró el Gobierno.