Tribunal frena cobro millonario del AyA y le da respiro a Paraíso

El alcalde Michael Álvarez Quirós celebra la resolución y aseguró que el fallo fortalece la defensa legal del cantón ante un cobro que la Municipalidad considera irregular e inexistente.

La Municipalidad de Paraíso recibió un importante respaldo judicial luego de que el Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo resolviera a su favor y determinara que no deberá pagar una garantía de ₡820 millones dentro del proceso judicial que mantiene contra el AyA.

La información fue confirmada por el propio alcalde Michael Álvarez mediante un comunicado divulgado este miércoles, donde detalló que el Tribunal de Apelaciones resolvió que “no procede el pago de la garantía por ₡820.000.000” en el expediente judicial 25-002942-1027-CA.

Según explicó el gobierno local, el conflicto nace luego de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) intentara realizar un cobro que la Municipalidad considera “irregular e ilegal”.

“El AyA quiso cobrar de forma irregular e ilegal un cobro inexistente”, afirmó Álvarez en declaraciones públicas.

De acuerdo con el alcalde, inicialmente el AyA acudió al Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar una medida provisionalísima, la cual fue acogida. Posteriormente, dentro de una medida cautelar, se exigía a la Municipalidad depositar una garantía de ₡820 millones.

Sin embargo, la Municipalidad apeló esa disposición y ahora el Tribunal de Apelaciones resolvió a favor del municipio, eliminando la obligación de entregar esa millonaria garantía mientras continúa el proceso judicial.

En una publicación adjunta por Michael Álvarez se indica además que la resolución “representa un importante respaldo a la posición jurídica de nuestro gobierno local y permite continuar la defensa de los intereses del cantón”.

Álvarez también destacó el trabajo realizado por los departamentos legal y administrativo de la Municipalidad de Paraíso y cerró su mensaje con una frase contundente: “¡Ni un paso atrás!”.

La disputa judicial entre ambas instituciones todavía continúa en análisis dentro de la vía contencioso administrativa.