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¿Pagó o todavía no? Diputados intentan cambiar trámite notarial que cuesta hasta ¢112 mil por solo registrar un correo electrónico

La Asamblea Legislativa dio un giro inesperado al proyecto que obligaba a las sociedades mercantiles a inscribir un correo electrónico oficial ante el Registro...

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¿Pagó o todavía no? Diputados intentan cambiar trámite notarial que cuesta hasta ¢112 mil por solo registrar un correo electrónico
¿Pagó o todavía no? Diputados intentan cambiar trámite notarial que cuesta hasta ¢112 mil por solo registrar un correo electrónico. Fotografía: AM Prensa.

La Asamblea Legislativa dio un giro inesperado al proyecto que obligaba a las sociedades mercantiles a inscribir un correo electrónico oficial ante el Registro Nacional pagando un trámite notarial que, en muchos casos, terminaba costando más de ¢100 mil.

Con 54 votos a favor y ninguno en contra, los diputados acordaron devolver el expediente 25.094 a una etapa anterior para intentar aprobar un texto sustitutivo que permita hacer ese registro de forma gratuita y digital, sin necesidad de contratar a un notario.

La decisión abre una puerta para miles de personas jurídicas que todavía no han realizado el trámite y que ahora podrían “jugarse el chance” unos días más para ver si finalmente se aprueba la reforma antes del 4 de junio, fecha límite establecida actualmente por ley.

Sin embargo, quienes ya pagaron el servicio notarial difícilmente recuperarán ese dinero.

Actualmente, registrar ese correo electrónico puede costar entre ¢60 mil y ¢90 mil en honorarios notariales, pero al sumar timbres, gastos administrativos y otros cobros, el monto ronda incluso los ¢112 mil, según se ha discutido en el Congreso.

Todo nace de una reforma al Código de Comercio aprobada anteriormente, la cual obliga a las sociedades mercantiles a registrar un correo electrónico oficial para recibir notificaciones judiciales y administrativas.

La intención original era modernizar las comunicaciones entre el Estado y las empresas, evitando trámites físicos y acelerando procesos legales y administrativos.

El problema es que la inscripción terminó dependiendo de un trámite notarial, algo que generó molestia entre empresarios, pequeños comerciantes y dueños de sociedades, debido al costo económico.

Además, el Registro Nacional advirtió que a partir del 5 de junio no inscribirá documentos relacionados con sociedades que no tengan ese correo registrado, lo que podría afectar trámites legales, inscripciones y movimientos administrativos.

Los diputados acordaron retroceder temporalmente el proyecto para introducir un nuevo texto de consenso.

La idea es que el trámite pueda hacerse con firma digital y directamente en línea, eliminando la necesidad de acudir donde un notario.

El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, explicó que las fracciones legislativas conversaron con el Registro Nacional para buscar una solución técnicamente viable que permita el registro gratuito.

La diputada socialcristiana Abril Gordienko afirmó que esperan aprobar el cambio antes de que venza el plazo actual.

Mientras tanto, el liberacionista Álvaro Ramos aseguró que existe voluntad política entre todas las fracciones para sacar adelante el nuevo texto rápidamente.

El expediente ya había avanzado en el Congreso anterior e incluso fue aprobado en primer debate, pero no logró avanzar al segundo debate.

Según se ha señalado en el plenario legislativo, el atraso ocurrió en medio de bloqueos y disputas políticas durante sesiones anteriores de la Asamblea Legislativa.

Ahora el Congreso intenta correr contra el reloj para evitar que miles de sociedades tengan que pagar el trámite mediante notario.

Por ahora, el requisito sigue vigente y el plazo oficial continúa siendo el 4 de junio.

Sin embargo, tras el movimiento legislativo de este martes, muchas personas podrían optar por esperar unos días más para ver si finalmente se aprueba la inscripción gratuita.

Eso sí, existe un riesgo: si la reforma no queda aprobada a tiempo, las sociedades que no tengan el correo inscrito podrían enfrentar restricciones en el Registro Nacional.

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