Futuro ministro de Justicia en el ojo de la polémica por supuesto enfrentamiento con policías

El funcionario, cercano al Ejecutivo, habría protagonizado un altercado con oficiales durante un retén policial en el centro de San José. La información fue revelada por La Nación y actualmente es valorada por autoridades judiciales.

El jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves y próximo ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas, figura en el centro de un incidente que es analizado por autoridades judiciales tras un operativo policial realizado el domingo en el centro de San José. La información fue dada a conocer inicialmente por el medio La Nación, que detalló los hechos con base en fuentes cercanas a la situación.

De acuerdo con reportes divulgados por La Nación, el suceso ocurrió durante un retén de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito en avenida primera, entre calles 16 y 20, en las cercanías de la terminal conocida como la Coca Cola y las paradas de autobuses hacia Puriscal.

Según la versión en poder de las autoridades, Aguilar conducía un vehículo tipo Toyota Prado que quedó detenido detrás de otro automóvil en el control policial. Siempre conforme a lo publicado por La Nación, el funcionario habría utilizado la bocina para presionar a los oficiales con el objetivo de continuar su trayecto.

Fuentes presentes en el sitio relataron a La Nación que los agentes abordaron al conductor y le explicaron que se trataba de un operativo de rutina. No obstante, Aguilar presuntamente se negó a descender del vehículo, a identificarse ante las autoridades y habría proferido insultos contra oficiales de la Fuerza Pública y de Tránsito, además de grabarlos o fotografiarlos con su teléfono celular.

El medio La Nación también informó que las placas del vehículo —registrado a nombre de la esposa del funcionario— fueron decomisadas. El parte, según datos del Consejo de Seguridad Vial, se consignó a las 7:40 p. m. del domingo por una supuesta infracción al artículo 110 de la Ley de Tránsito, que sanciona el estacionamiento indebido que afecte la visibilidad o la seguridad vial, con una multa de ₡51.577.

Por su parte, Josélito Ureña, secretario general del sindicato de la Policía de Tránsito, confirmó —según recogió La Nación— que tiene conocimiento del caso y que remitirá una carta al ministro de Transportes, Efraim Zeledón, debido a que aparentemente el jerarca habría llegado al lugar del incidente.

Entre los puntos que el sindicato busca aclarar figura una supuesta solicitud para devolver las placas del vehículo, lo cual finalmente no se concretó. Asimismo, se investiga si el director de Tránsito, Martín Sánchez, también se presentó en el sitio.

En declaraciones a La Nación, el fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que se analiza la apertura de una investigación “para determinar si se cometió o no un delito”. De comprobarse alguna irregularidad y una vez que Aguilar asuma el cargo ministerial —que conlleva un fuero especial— el caso podría pasar a conocimiento directo de la Fiscalía General.

Por el momento, el futuro jerarca no se ha referido en torno al hecho; tampoco se han pronunciado las autoridades oficiales.