Funcionario municipal condenado por cobrar ¢800 mil por una patente a hombre en recuperación de cáncer cerebral

Tribunal sentenció al imputado a tres años de prisión por el delito de concusión

Redacción- La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) logró que el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública condenara a un funcionario de la Municipalidad de Alajuela a tres años de prisión y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras encontrarlo responsable del delito de concusión.

La sentencia fue dictada este lunes luego de un juicio desarrollado los días 21, 22 y 25 de mayo.

Según la acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en setiembre del 2024, cuando el funcionario, de apellidos León Stockhausen, presuntamente se aprovechó de su cargo para solicitar ₡800.000 a cambio de gestionar la aprobación de una patente comercial.

“Los hechos ocurrieron en setiembre del 2024, cuando el imputado, de apellidos León Stockhausen, se aprovechó ilegítimamente de su condición de funcionario municipal para solicitar al ofendido ₡800.000, a cambio de gestionar la aprobación de una patente para un local comercial”.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima atravesaba un proceso de recuperación de cáncer cerebral al momento de los hechos.

“De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la víctima se encontraba en proceso de recuperación de un cáncer cerebral al momento de los hechos”.

El Ministerio Público indicó que, pese a las solicitudes realizadas por el funcionario, el ofendido no entregó el dinero y decidió denunciar la situación ante las autoridades judiciales.

“Pese a la insistencia del funcionario, el ofendido no entregó el dinero solicitado y, en su lugar, interpuso la denuncia ante las autoridades judiciales”.

A raíz de esa denuncia, las autoridades lograron detener al imputado y solicitar medidas cautelares durante el desarrollo del proceso penal.

Tras analizar la prueba presentada durante el juicio, el Tribunal declaró culpable al acusado y le impuso una pena de tres años de prisión bajo el beneficio de ejecución condicional por un plazo igual.

Además, el sentenciado no podrá ejercer cargos públicos durante un año.