Esta es la agenda conjunta con más de 100 iniciativas que presentó la oposición en su acuerdo político

PLN, Frente Amplio, Agenda Ciudadana y PUSC detallaron un ambicioso plan legislativo con ejes en seguridad, economía, derechos humanos y fortalecimiento institucional.

Redacción- Las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentaron este 1.º de mayo un acuerdo político que incluye una agenda conjunta con más de 100 iniciativas para el periodo legislativo 2026-2030.

El documento, denominado “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”, busca articular una propuesta común en medio de un escenario político fragmentado, tras las recientes elecciones nacionales.

Según el acuerdo, las agrupaciones reconocen sus diferencias ideológicas, pero apuestan por construir coincidencias mínimas que permitan garantizar la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución y la atención de los principales problemas del país.

Además, señalan que el resultado electoral dejó un mandato dividido que obliga a “transformar una alternativa política diversa en una fuerza capaz de coordinar, proponer y garantizar gobernabilidad democrática”.

Los ejes de la agenda legislativaEl plan se estructura en varios ejes estratégicos que abarcan desde reformas institucionales hasta medidas económicas y sociales.

En democracia, las fracciones plantean fortalecer las garantías individuales, defender la independencia de poderes y agilizar el nombramiento de magistrados, especialmente en la Sala Constitucional. También impulsan la libertad de prensa, el acceso a la información, la manifestación pacífica y la participación ciudadana.

En seguridad y justicia, proponen un combate frontal al crimen organizado mediante herramientas como la extinción de dominio, el levantamiento del secreto bancario en casos específicos y el aumento de recursos para cuerpos policiales. Además, plantean reformas al sistema penitenciario, procesos judiciales más ágiles y la transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en un órgano civil con controles democráticos.

Educación, salud y desarrollo socialEn el eje de desarrollo social, la agenda incluye medidas para mejorar la calidad educativa, avanzar hacia una inversión del 8% del PIB en educación y reducir brechas territoriales y de género.

También plantea fortalecer la carrera docente, mejorar infraestructura y tecnología, y garantizar el acceso equitativo a la educación.

En salud, el acuerdo propone defender y fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reducir listas de espera, atender la escasez de especialistas y definir la deuda del Estado con la institución.

Además, se incluyen iniciativas para garantizar precios accesibles de medicamentos y abordar la salud mental de forma integral.

En materia de inversión social, las fracciones proponen revisar la regla fiscal para proteger el gasto social y aumentar el financiamiento de programas como Fodesaf.

Economía, ambiente y producciónEn el ámbito económico, la agenda contempla reformas para promover el empleo, facilitar el acceso al crédito, reducir brechas entre regímenes productivos y fortalecer el sector agropecuario.

También plantea un modelo energético “competitivo, accesible, verde y solidario”, junto con la prohibición de la exploración y explotación petrolera.

En infraestructura, se priorizan proyectos como la ruta 32, la carretera a San Carlos, el tren de carga, el tren eléctrico en la GAM y obras hospitalarias.

En medio ambiente, el acuerdo incluye el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), medidas para enfrentar la situación en Crucitas, la protección del recurso hídrico y la promoción de una economía circular para el manejo de residuos.

Derechos humanos y transparenciaEl documento también incorpora un amplio apartado en derechos humanos, con compromisos para combatir la violencia contra las mujeres, avanzar hacia un sistema nacional de cuidados y garantizar derechos de poblaciones vulnerables, incluyendo niñez, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población LGBTIQ+, pueblos indígenas y migrantes.

En transparencia y anticorrupción, se proponen sanciones por faltas al deber de probidad, regulación del lobby, apertura de datos públicos y medidas contra la evasión y elusión fiscal.

Además, se plantean reformas para mejorar el funcionamiento interno de la Asamblea Legislativa, incluyendo control del uso de recursos y revisión de los tiempos de trámite de proyectos.

“Líneas rojas” del acuerdoEl acuerdo establece límites claros para la acción conjunta de las fracciones, entre ellos el rechazo a reformas que debiliten derechos fundamentales, la independencia de poderes o instituciones como el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público.

También se oponen a cualquier intento de concentración de poder en el Ejecutivo y reafirman su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa del sistema democrático.

Con esta agenda, las fracciones opositoras buscan posicionarse como un bloque articulado dentro de la Asamblea Legislativa, con una propuesta integral que abarca los principales desafíos del país.