Por corrupto, condenan oficial de tránsito a cárcel y lo inhabilitan de cargos públicos

Tribunal dicta dos años de prisión con beneficio de ejecución condicional tras comprobar solicitud indebida de dinero

Redacción- El Tribunal Penal de Hacienda y Función Pública del II Circuito Judicial de San José condenó a un exoficial de tránsito de apellido Araya por el delito de concusión, imponiéndole una pena de dos años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.

La resolución corresponde a la sentencia número 173-2026, en la cual se determinó que el imputado abusó de su condición como funcionario público para obtener un beneficio económico indebido.

No obstante, el tribunal le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena por un plazo de tres años, lo que implica que no deberá cumplir prisión efectiva siempre y cuando no cometa un nuevo delito doloso sancionado con pena superior a seis meses durante ese periodo. En caso de incumplir esta condición, se le revocaría el beneficio y tendría que descontar la pena de cárcel.

Hechos probadosDe acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2021, en la provincia de Alajuela, específicamente en la vía que conecta el cantón central con el distrito de San Isidro, cerca del puente de Itiquís.

En ese punto, el ahora sentenciado participaba en un operativo de control vehicular cuando detuvo a un conductor de apellido Quirós, quien manejaba un camión.

Según estableció el tribunal, el exoficial solicitó los documentos del vehículo y, posteriormente, insinuó al conductor que le entregara dinero para evitar una sanción, pese a que este no estaba cometiendo ninguna infracción.

La víctima entregó ₡10.000 al funcionario, quien simuló la emisión de una boleta de tránsito sin detallar ninguna falta, con el fin de aparentar legalidad en su actuación.

Delito de concusiónEl delito de concusión, contemplado en el artículo 355 del Código Penal, sanciona a los funcionarios públicos que, abusando de su cargo, obliguen o induzcan a una persona a entregar un beneficio patrimonial indebido, ya sea para sí mismos o para terceros.

Las autoridades judiciales recalcaron la gravedad de este tipo de conductas, al tratarse de acciones que atentan contra la transparencia y la correcta función pública.