Más de 300 menores han sido víctimas de sustracción internacional en Costa Rica en los últimos años

Redacción- Entre el 2020 y el 2025, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) atendió un total de 310 casos de niñas, niños y adolescentes vinculados a situaciones de sustracción internacional, ya sea porque fueron traídos al país de forma ilegal o trasladados desde Costa Rica hacia el extranjero sin autorización.

Estos procesos se gestionan bajo el marco del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, un tratado que busca garantizar el retorno inmediato de los menores a su país de residencia habitual, priorizando su bienestar.

Según explicaron las autoridades, este convenio no resuelve temas de custodia, sino que establece mecanismos para que los casos sean atendidos en el país correspondiente. Además, promueve la cooperación entre Estados para ubicar a los menores y facilitar su restitución.

Durante estos años, Costa Rica ha trabajado de forma coordinada con múltiples países como Estados Unidos, España, México, Panamá, Canadá, Francia y Reino Unido, entre otros, en la resolución de estos casos.

Uno de los ejemplos recientes es el retorno de una niña de 9 años a Panamá, luego de un proceso que se extendió por dos años y que requirió la intervención de distintas autoridades judiciales y diplomáticas.

En otra situación, una menor fue retenida por su padre durante 53 días, pese a existir una orden judicial para entregarla a su madre. Finalmente, tras negociaciones, la niña fue recuperada y entregada a su progenitora.

La presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza Sánchez, destacó la importancia de estos procesos al señalar que:

“Más que un procedimiento legal, lograr que una niña o niño regresen a su entorno habitual es cumplir con nuestro deber de protegerlos contra el desarraigo ilícito”.

Por su parte, la especialista Mariamalia Ruíz Schmidt explicó que muchos de estos casos se resuelven mediante órdenes judiciales, aunque también existen retornos voluntarios o acuerdos entre las partes involucradas.

Solo en el 2025, el PANI atendió 40 casos de este tipo. De estos, 4 fueron declarados con lugar, 4 sin lugar, 7 se resolvieron mediante retorno voluntario y 2 mediante acuerdos entre las partes. Además, varios expedientes continúan en proceso.

Las autoridades reiteran que el objetivo principal en todos estos casos es proteger el interés superior de las personas menores de edad y evitar que sean utilizadas en conflictos entre adultos.