Laura Fernández fija postura por caso de acoso contra Fabricio Alvarado que salpicó a su viceministro

La presidenta electa defiende la independencia judicial en medio de la polémica, mientras resurge el antecedente de su propia denuncia por hechos similares en 2018

En medio de la creciente polémica por las supuestas presiones a la exdiputada Marulin Azofeifa, la presidenta electa Laura Fernández marcó una línea clara: cualquier denuncia por acoso o abuso debe tramitarse sin interferencias y bajo el debido proceso judicial.

La jerarca reaccionó luego de que Azofeifa señalara que recibió una llamada del viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, para consultarle si mantendría su denuncia contra el diputado Fabricio Alvarado por presunto abuso y acoso sexual. El caso ha escalado a nivel político y judicial, generando cuestionamientos sobre posibles intentos de incidir en el proceso.

Fernández fue enfática al señalar que no corresponde a figuras políticas intervenir en este tipo de situaciones. “Si hay un expediente en la Fiscalía, que siga su sano curso”, afirmó, dejando claro que su posición es que las autoridades judiciales actúen sin presiones externas.

Pese a la controversia, la presidenta electa decidió mantener en su cargo al viceministro señalado por realizar la llamada a la exlegisladora, asegurando que es un funcionario de su confianza y que su actuación se dio en el marco de sus funciones.

La mandataria también negó tener relación directa con Azofeifa o haber sostenido algún tipo de comunicación con ella, insistiendo en que no ha participado en gestiones relacionadas con el caso.

El pronunciamiento de Fernández adquiere un matiz particular debido a un antecedente reciente.

Durante la campaña electoral, en enero pasado, la ahora presidenta electa denunció públicamente haber sido víctima de acoso sexual por parte de Fabricio Alvarado en 2018, lo que en su momento generó un fuerte impacto en la discusión política nacional.

Ese antecedente vuelve a cobrar relevancia ahora, en medio de un caso que involucra señalamientos similares y que pone a prueba la coherencia de las posiciones públicas frente a este tipo de denuncias.

Mientras tanto, el proceso sigue en manos de la Fiscalía, en un ambiente cargado de presión política y atención mediática, donde cada pronunciamiento añade más peso a un caso que sigue creciendo.