Defensoría presiona por ley que blinde pensiones y garantice vida digna a adultos mayores

La iniciativa legislativa busca proteger un monto básico inembargable para asegurar condiciones de vida digna a personas pensionadas, respaldada por un reciente fallo de la Sala Segunda

Redacción- La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado vehemente a la Asamblea Legislativa para que apruebe con prontitud el Proyecto de Ley N.º 24.940, el cual pretende garantizar que ninguna persona pensionada vea comprometida su subsistencia básica debido a deducciones excesivas en su ingreso.

Según la institución, la urgencia de esta iniciativa radica en la situación que enfrentan muchas personas adultas mayores, cuyas pensiones son reducidas significativamente por cobros derivados de créditos, dejándolas sin recursos suficientes para cubrir necesidades esenciales como alimentación, vivienda y servicios básicos.

El proyecto encuentra respaldo en la resolución N.º 2026-000550 de la Sala Segunda, la cual establece la existencia de un “núcleo vital de la pensión”. Este criterio jurídico define un límite de intangibilidad que debe ser respetado tanto por el Estado como por entidades financieras, con el fin de garantizar el derecho a una vida digna, incluso en presencia de obligaciones crediticias.

En este contexto, destaca el pronunciamiento de la magistrada Varela Araya, quien subrayó la relevancia del tema, el cual dio origen al proyecto actualmente en discusión legislativa.

La iniciativa, impulsada por la Defensoría de los Habitantes con el apoyo de la diputada Katherine Moreira, surge como respuesta a la vulnerabilidad de miles de personas adultas mayores cuyas pensiones han sido reducidas a montos insuficientes, sin una protección efectiva de ese mínimo vital.

Entre los principales alcances del proyecto se encuentra la creación de la figura de la “pensión mínima intocable”, que sería equivalente al límite de protección que actualmente tienen los salarios, asegurando así recursos básicos para la subsistencia.

Asimismo, se plantea el respeto a la autonomía financiera de las personas pensionadas, permitiéndoles acceder a créditos mediante acuerdos voluntarios, pero dentro de un marco legal que evite el sobreendeudamiento.

Finalmente, la propuesta busca fomentar la denominada “economía plateada”, al brindar mayor seguridad jurídica sobre los ingresos de esta población, incentivando su inclusión financiera y su participación activa en la economía nacional.