Defensoría advierte fuerte impacto en recibos de agua y pide suspender tarifas actuales

La institución señala que miles de hogares están pagando más del doble por el servicio pese a mantener consumos similares.

Redacción- El costo del agua potable está generando preocupación en miles de hogares del país.

La Defensoría de los Habitantes alertó sobre un severo desbalance financiero que estaría afectando a familias costarricenses debido a la aplicación de la metodología tarifaria vigente para el servicio de acueducto y alcantarillado.

Ante esta situación, la entidad solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos la suspensión inmediata de los instrumentos tarifarios actualmente en uso.

Según explicó la Defensoría, una revisión técnica permitió documentar casos en los que la facturación mensual por el servicio de agua pasó de un promedio de 24.146 colones a montos que superan los 51.000 colones.

Esto ocurre incluso cuando los niveles de consumo se mantienen similares.

La institución aclaró que el problema no afecta a todos los usuarios.

El impacto se concentra principalmente en propiedades donde el recibo indica la existencia de dos o más unidades habitacionales, pero que cuentan con un solo medidor residencial.

De acuerdo con la investigación de la Defensoría, esta situación alcanza a más de 38.000 hogares en todo el país.

En estos casos, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados estaría clasificando las propiedades como si fueran condominios.

Esto provoca que se aplique una tarifa correspondiente a grandes consumidores, conocida como macromedidor.

Para la Defensoría, esta clasificación genera un cobro similar al de tarifas comerciales, aunque físicamente se trate de viviendas con un único medidor residencial.

La institución advierte que esta situación estaría penalizando de manera desproporcionada a los usuarios finales.

Además, señaló que desde octubre del 2025 la Intendencia de Agua anunció la creación de una fuerza de tarea para revisar y mejorar esta estructura tarifaria.

Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado una solución definitiva.

Recientemente, la Intendencia solicitó nuevos plazos de hasta dos meses para resolver la solicitud de suspensión, argumentando la complejidad técnica y jurídica del caso.

En una comunicación enviada el pasado 27 de febrero, se indicó que la respuesta integral sobre la ruta de análisis y el cronograma del proceso se entregará a más tardar el 26 de marzo del 2026.

Aunque la Defensoría aceptó el plazo solicitado para realizar la valoración técnica y jurídica, reiteró su preocupación por el impacto que las tarifas actuales siguen generando en los presupuestos familiares.

La institución advirtió que muchas familias se están viendo obligadas a recortar gastos esenciales para evitar la suspensión del servicio.

Por ello, pidió a la Intendencia de Agua acelerar el proceso de análisis y actuar con diligencia para proteger los derechos económicos de los usuarios.

Mientras se espera la respuesta oficial en las próximas semanas, la Defensoría aseguró que continuará vigilando el proceso y utilizando los mecanismos disponibles para garantizar que las tarifas respondan a criterios de eficiencia, equidad y bienestar social.