Alcaldes de todo el país cierran filas con Mario Redondo tras amenazas de muerte

La polémica por el posible desalojo de Los Diques escala a nivel nacional y provoca una reacción contundente del régimen municipal.

El respaldo no se hizo esperar. En medio de la tensión que vive Cartago por la situación en el asentamiento Los Diques, alcaldes de distintas partes del país levantan la voz en defensa de Mario Redondo, quien denuncia amenazas de muerte tras plantear la necesidad de desalojar esta comunidad ubicada en terrenos públicos y de alto riesgo.

La reacción llega luego de que el propio Redondo hiciera público que ha sido blanco de intimidaciones, en un contexto marcado por la discusión sobre seguridad, ordenamiento territorial y la presencia de estructuras criminales en la zona.

El pronunciamiento más fuerte lo lidera la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, que agrupa a los gobiernos locales del país y que no dudó en calificar las amenazas como un ataque directo no solo contra el alcalde cartaginés, sino contra toda la institucionalidad democrática.

Según el comunicado oficial, existe una “profunda preocupación” por estos hechos, que ponen en riesgo la vida de autoridades municipales y evidencian la presión que enfrentan cuando toman decisiones sensibles en materia de seguridad y control territorial.

La organización también reconoce la valentía de alcaldes que, como Redondo, enfrentan estructuras vinculadas al crimen organizado, especialmente en casos donde se intervienen zonas señaladas por narcomenudeo o actividades ilícitas.

En ese mismo documento, se advierte que no es un caso aislado. Varias alcaldías en el país han recibido amenazas en situaciones similares, lo que enciende las alertas sobre el nivel de riesgo que enfrentan quienes lideran acciones contra el crimen desde lo local.

El punto de quiebre ha sido la situación de Los Diques, un asentamiento que durante años creció sin control y que hoy alberga a miles de personas en condiciones vulnerables, en una zona expuesta a riesgos naturales y bajo la lupa de las autoridades por temas de seguridad.

Redondo ha sido claro en su postura: el sitio debe ser desalojado por tratarse de un terreno público y peligroso. Sin embargo, esa posición ha generado fuertes reacciones, incluyendo amenazas que ahora provocan un cierre de filas a nivel nacional.

Ante este escenario, la ANAI hace un llamado urgente para que se refuerce la seguridad del alcalde cartaginés y de cualquier autoridad local que enfrente situaciones similares, al tiempo que insiste en la necesidad de una respuesta articulada entre instituciones como la Fuerza Pública y el OIJ.

Mientras tanto, el caso sigue escalando y abre un debate que apenas comienza: ¿hasta dónde puede llegar el poder de las estructuras criminales frente a decisiones que buscan recuperar territorios y garantizar la seguridad de las comunidades?