Diputado lanza fuerte crítica a empresa autobusera Lumaca por revelaciones de informe

Solo una de las 98 unidades autorizadas en 2025 operaba sin defectos físico-mecánicos, según auditorías legislativas.

Redacción – La fiscalización sobre el servicio de transporte público que conecta la provincia de Cartago con la capital ha alcanzado el punto máximo tras la revelación de datos técnicos alarmantes.

Auditorías físico-mecánicas obtenidas mediante gestiones legislativas exponen una vulnerabilidad estructural en la flota de la empresa Lumaca, situación que ha motivado una ofensiva legal y administrativa ante la persistencia de un servicio calificado como deficiente y peligroso para los usuarios.

Según el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, el análisis de los informes -correspondientes al periodo 2025- arroja cifras que desmitifican la eficiencia operativa de la concesionaria.

De unas 98 unidades autorizadas para brindar el servicio, 62 presentaban defectos físico-mecánicos de diversa gravedad, mientras que 35 se encontraban fuera de circulación en talleres de reparación.

La estadística más lapidaria del informe técnico subraya que, durante dicho periodo: "Solo una, escuchen bien, solo una no tenía defectos",

Lo que evidencia un incumplimiento sistemático de los estándares mínimos de seguridad y calidad exigidos por la normativa vigente.

La problemática se agrava por lo que describe como una obstrucción en el acceso a la información pública. A pesar de la contundencia de los hallazgos, el Consejo de Transporte Público (CTP) ha sido señalado por retener los datos técnicos correspondientes al año 2026.

Esta entrega de información a "cuenta gotas" ha obligado a las autoridades a interponer nuevas solicitudes formales para revelar el estado actual de las unidades bajo los desperfectos mecánicos, para comprobar si las fallas persisten o se han agudizado.

Ante este riesgo, la presión ha aumentado hacia organismos superiores, especialmente a la Defensoría de los Habitantes y a la Defensoría del Consumidor, instancias donde recurren los ciudadanos.

La crítica central, según el diputado Ortega, va dirigida a la política de concesiones del CTP, cuestionando la frecuente aprobación de prórrogas a favor de la empresa a pesar de la cantidad de accidentes e incendios de unidades que, en sus propias palabras, declara.

"Nos cuestan vidas, causan accidentes, se queman y también nos cuesta mucho tiempo"

La crisis de Lumaca ha dejado de ser un expediente para convertirse en un análisis de conducta pública, el pasivismo del CTP pasa a ser un descuido administrativo y comienza a ser un problema de seguridad.

"El silencio cómplice no es aceptable. La gente de Cartago merece un servicio de calidad"

Sentenció el diputado Antonio Ortega, resaltando que la movilidad urbana es un derecho que el Estado debe blindar con un ojo implacable, y no mediante concesiones que ponen precio a la integridad física de miles de ciudadanos.