Defensoría pide cuentas a Justicia sobre avances en política anticorrupción

La consulta surge luego de que se dieran a conocer los resultados más recientes del Índice de Percepción de la Corrupción, en el que Costa Rica descendió dos puntos respecto al año anterior

Redacción- La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica solicitó información al Ministerio de Justicia y Paz, en su condición de ente rector del sector seguridad ciudadana y justicia, sobre los avances en el diseño de la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción.

La consulta surge luego de que se dieran a conocer los resultados más recientes del Índice de Percepción de la Corrupción, en el que Costa Rica descendió dos puntos respecto al año anterior, pasando de 58 a 56. Con este resultado, el país se aleja del promedio de “democracias plenas” (73 puntos), del promedio de la OCDE (64) y de su mejor registro histórico (59 puntos en 2017). Además, se distancia del país mejor calificado en la región, Uruguay, y ocupa el décimo lugar en América Latina.

Información solicitadaLa Defensoría consultó si el Ministerio ya cuenta con:

Un marco estratégico definido, con metas e indicadores claros.Un modelo de gestión y gobernanza debidamente redactado y validado por los actores competentes.Un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la política.También solicitó detalles sobre el avance del plan de acción y del sistema de gestión de riesgos, así como la fecha estimada para su conclusión.

De igual manera, pidió informar sobre los resultados obtenidos en relación con compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, como mecanismos que incentiven la denuncia de actos de corrupción y la aplicación de sanciones.

Plan Nacional de DesarrolloFinalmente, la Defensoría requirió al Ministerio detallar el avance en las líneas de trabajo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027 para prevenir y sancionar la corrupción. Entre ellas destacan:

El fortalecimiento de la Estrategia de Gobierno Abierto.La promoción de transparencia e integridad en gobiernos locales y entidades descentralizadas.Acciones para prevenir conflictos de interés en el sector público.Creación de registros de lobbystas.Impulso de auditorías ciudadanas.La solicitud busca conocer el estado real de implementación de las medidas anticorrupción y garantizar que el país avance en estándares de integridad y transparencia, en momentos en que los indicadores internacionales reflejan un retroceso en la percepción sobre el combate a la corrupción.