Defensoría alerta sobre riesgo para la educación por caída sostenida del presupuesto

Gasto pasó del 7,8% del PIB en 2019 al 5,5% en 2025, lejos del mandato constitucional del 8%

Redacción- Una reciente investigación de la Defensoría de los Habitantes advierte que la reducción sostenida en el financiamiento de la educación pública pone en riesgo la sostenibilidad del sistema educativo costarricense y compromete el cumplimiento del derecho a una educación de calidad.

Según el informe, el gasto público en educación cayó del 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019 al 5,5% en 2025, incumpliendo el mandato constitucional que establece una inversión mínima del 8%. Para la Defensoría, esta disminución refleja una pérdida progresiva de prioridad política y fiscal hacia uno de los pilares históricos del desarrollo social del país.

Impacto directo en calidad y equidadEl órgano defensor advierte que la contracción presupuestaria no solo debilita la capacidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) para ejecutar programas estratégicos, sino que afecta directamente:

La calidad de los aprendizajesLa infraestructura educativaLa equidad territorialEntre 2015 y 2025, Costa Rica ha registrado una caída sostenida en los resultados de las pruebas internacionales PISA, con pérdidas acumuladas de hasta 24 puntos en matemáticas y 28 en lectura, lo que —según el informe— evidencia una relación entre la reducción de recursos y el deterioro en competencias básicas.

Retrocesos en derechos humanosDesde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría subraya que el principio de progresividad obliga al Estado a avanzar de forma constante en la garantía del derecho a la educación, evitando retrocesos injustificados.

Sin embargo, los recortes en programas clave como:

Alimentación escolarInfraestructuraFormación docenteBecas y transporte estudiantilconstituyen, según la investigación, una forma de regresividad presupuestaria que afecta de manera desproporcionada a comunidades rurales, costeras e indígenas, así como a estudiantes con discapacidad.

En estos territorios, la falta de recursos compromete la permanencia escolar y amplía brechas históricas de desigualdad.

Inestabilidad financiera y presión sobre comunidadesEl informe también señala una creciente inestabilidad presupuestaria en el MEP, con variaciones interanuales negativas desde 2019 y una dependencia de decisiones fiscales coyunturales.

Esta situación ha generado un efecto dominó sobre las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, que deben sostener servicios básicos con recursos limitados, lo que expone a las comunidades educativas a vulneraciones indirectas del derecho a la educación y profundiza las desigualdades territoriales.

Contradicción con compromisos internacionalesLa Defensoría advierte que esta tendencia contradice compromisos asumidos por Costa Rica ante organismos internacionales como la UNESCO y el Comité de los Derechos del Niño, donde el país ha reiterado su compromiso con una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Llamado urgente a revertir la tendenciaAnte este panorama, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado urgente al Estado para:

Revertir la tendencia de desinversiónGarantizar estabilidad financiera al sistema educativoFortalecer la gobernanza del sectorAsegurar una asignación equitativa de recursosEl órgano insiste en que la educación pública ha sido históricamente un motor de movilidad social y cohesión democrática en Costa Rica, y advierte que su debilitamiento amenaza no solo el desarrollo humano, sino también la justicia social y la competitividad futura del país.