El presidente Rodrigo Chaves cumple su advertencia y veta el proyecto aprobado por el Congreso. Acusa que la iniciativa favorece a criminales y lanza fuerte mensaje a quienes intenten resellarla.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, confirma este miércoles que vetará el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena, aprobado la semana anterior por 33 diputados y remitido al Poder Ejecutivo para su firma.
La decisión la anuncia en conferencia de prensa, donde cuestiona con dureza tanto a los legisladores que respaldaron la iniciativa como a sectores del Poder Judicial que impulsan la reforma.
“Es una ley nefasta que debilita el rigor del castigo y prioriza los derechos de asesinos, violadores y narcotraficantes por encima de la gente honesta”, sostiene el mandatario, al insistir en que la propuesta representa un retroceso en materia de seguridad.
Chaves asegura que el proyecto, tal como fue aprobado, altera el equilibrio en la ejecución de las sentencias y mantiene en manos de los jueces de ejecución la última palabra en decisiones que, a criterio del Gobierno, deben tener reglas más estrictas.
Desde el Congreso, la posición es distinta. El presidente legislativo, Rodrigo Arias, defiende la iniciativa y recalca que no se trata de un “beneficio automático” para privados de libertad, sino de un marco legal que ordena el sistema penitenciario y condiciona cualquier oportunidad de reinserción al estudio, el trabajo y la conducta.
El mandatario dispone ahora de un plazo de 10 días para formalizar el veto. Sin embargo, advierte que si los diputados intentan resellar el proyecto, lo que requeriría al menos 38 votos, deberán asumir el costo político de esa decisión.
El pulso entre Zapote y Cuesta de Moras vuelve a encender el debate sobre seguridad, reinserción y el papel de los jueces en el sistema penal, en un momento en que la criminalidad y el endurecimiento de penas ocupan un lugar central en la discusión pública.
