Bancos públicos renuncian a la Asociación Bancaria por apoyar proyecto que los obligaría a pagar por fraudes digitales

La decisión desata molestia porque se da justo cuando avanza una ley que busca que las entidades devuelvan el dinero a clientes víctimas de estafas electrónicas.

Bancos públicos se apartan de la Asociación Bancaria tras proyecto que obligaría a responder por fraudes digitales

En medio del debate por el aumento de fraudes digitales en el país, los tres bancos públicos —Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular— anuncian su salida de la Asociación Bancaria Costarricense, luego de la polémica generada alrededor del proyecto de ley que pretende obligar a las entidades financieras a responder económicamente ante estafas electrónicas sufridas por sus clientes.

La renuncia, comunicada de manera “formal, inmediata e irrevocable”, se da tras un choque de posiciones dentro de la gremial sobre la iniciativa que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Plena III del Congreso.

El proyecto busca reforzar la protección de las personas usuarias del sistema financiero, en un contexto donde las estafas digitales crecen de forma sostenida y miles de clientes denuncian vacíos de responsabilidad cuando su dinero desaparece de cuentas bancarias.

Según la comunicación enviada por las gerencias generales de los tres bancos públicos, la decisión responde a un “serio quiebre de confianza” provocado por las manifestaciones públicas emitidas por la vocería de la Asociación Bancaria Costarricense en torno al proyecto.

La controversia se origina luego de que la gremial primero avala la iniciativa y la califica como un paso relevante, pero horas después matiza su posición y advierte que el texto no resuelve el problema del crimen organizado.

En el fondo, la discusión toca un punto sensible: quién debe asumir el costo cuando un cliente es víctima de fraude digital.

Para muchos usuarios, la respuesta es clara. Argumentan que las entidades financieras administran sistemas, plataformas y mecanismos de seguridad, por lo que deben responder cuando estos fallan o son vulnerados.

Durante los últimos años, los delitos informáticos vinculados a la banca —phishing, suplantación de identidad, transferencias no autorizadas y vaciado de cuentas— se multiplican tanto en banca pública como privada. En numerosos casos, las personas afectadas denuncian que deben enfrentar largos procesos para recuperar su dinero, y que en ocasiones las entidades declinan responsabilidad alegando descuido del cliente.

El proyecto de ley pretende establecer reglas más claras y obligar a las entidades a indemnizar en determinados supuestos, fortaleciendo así la protección del consumidor financiero.

La salida de los tres bancos públicos de la gremial se da en este escenario de tensión, justo cuando el país discute si el sistema financiero debe asumir mayor responsabilidad frente a un delito que no deja de crecer.

Ahora la iniciativa deberá superar las siguientes etapas legislativas. Mientras tanto, el debate queda abierto y la presión social aumenta en torno a una pregunta que inquieta a miles de personas: cuando el dinero desaparece por un fraude digital, ¿quién responde realmente?