¿Están obligados los patronos a dar permiso con goce de salario para ir a votar?

La ley laboral es clara: ninguna persona trabajadora puede ser sancionada, despedida o sufrir rebajos salariales por ejercer su derecho al voto en febrero próximo.

A pocos días de las elecciones nacionales de 2026, el derecho al voto vuelve a colocarse en el centro de atención, esta vez desde el ámbito laboral. En Costa Rica, la legislación obliga a los patronos a conceder permiso con goce de salario a las personas trabajadoras para que puedan ir a votar sin obstáculos.

El Código de Trabajo establece que toda persona empleada tiene derecho a ausentarse de su lugar de trabajo el tiempo necesario para trasladarse a la junta receptora de votos y ejercer el sufragio, sin que esto implique rebajos salariales ni sanciones disciplinarias. Esta disposición aplica tanto para la primera ronda electoral como para una eventual segunda vuelta.

Especialistas en derecho laboral recuerdan que el ejercicio del voto es un derecho constitucional que no puede verse limitado por razones laborales. Además, la normativa prohíbe de forma expresa cualquier tipo de represalia, presión o coacción por parte de los empleadores relacionada con la preferencia política de sus colaboradores.

“El ejercicio del voto es un derecho constitucional que no puede verse limitado por la jornada laboral. La legislación costarricense es clara en cuanto a la obligación patronal de otorgar el permiso correspondiente, sin afectar el salario ni generar consecuencias disciplinarias”, señaló Marco Durante, socio director de la firma de abogados BDS Asesores.

Durante la jornada electoral, también rigen reglas claras dentro de los centros de trabajo. No se permite la realización de propaganda político-electoral ni la emisión de mensajes que puedan interpretarse como una forma de influencia política. La neutralidad es obligatoria y debe garantizarse un ambiente de respeto.

El permiso otorgado para votar debe utilizarse exclusivamente para ese fin y por el tiempo estrictamente necesario. De igual forma, las personas trabajadoras tienen el deber de hacer un uso responsable de este derecho y respetar la convivencia laboral antes y después de acudir a las urnas.

Desde el sector legal se insiste en que el cumplimiento de estas disposiciones no solo evita conflictos laborales, sino que fortalece la democracia y la seguridad jurídica en el país, especialmente en un proceso electoral de alta relevancia nacional.