Condenan a funcionario de JAPDEVA y a empresario por adjudicación irregular de servicio millonario

Tribunal impuso ocho años de prisión por delitos de peculado relacionados con la nacionalización de dos embarcaciones

Redacción- Una necesidad administrativa de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) para nacionalizar dos embarcaciones derivó en una condena penal contra un funcionario público y un empresario, tras comprobarse una adjudicación irregular y el mal manejo de fondos públicos.

El juicio, que concluyó el 9 de diciembre de 2025, permitió a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) obtener una sentencia de ocho años de prisión contra Félix Pecou Johnson, quien fungía como jefe del Departamento de Proveeduría de JAPDEVA al momento de los hechos, y contra el empresario Javier Fonseca Castañeda. Ambos fueron condenados por dos delitos de peculado.

Además de la pena de cárcel, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó la inhabilitación de los sentenciados para ejercer cargos públicos durante un periodo de cinco años. Mientras la sentencia adquiere firmeza, se les impusieron medidas cautelares que incluyen la obligación de firmar una vez al mes, mantener actualizado su domicilio, entregar el pasaporte y la prohibición de salida del país.

Los hechos investigados ocurrieron en el año 2005, cuando JAPDEVA inició un proceso de contratación directa para la nacionalización de la lancha remolcadora Quribrí y la grúa pórtica Pablo Presbere. Para ello, el Departamento de Proveeduría invitó a cinco empresas con el fin de seleccionar a la que realizaría los trámites de desalmacenaje y nacionalización.

No obstante, el servicio fue adjudicado a Fonseca Castañeda, pese a que no estaba habilitado para ejercer como agente aduanero y a que su oferta no era la más favorable según criterios técnicos. En julio de ese año se concretó la adjudicación por un monto total de ₵168.712.580,14 en fondos públicos, destinados al pago de impuestos y cargas tributarias.

La FAPTA logró demostrar que, mediante engaño y con la participación de un tercer imputado —ya fallecido y quien sí contaba con autorización como agente aduanero—, se introdujo información falsa en las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA). Esto permitió que se cancelara un monto cercano a los ₵89.000.000, generando un beneficio indebido superior a los ₵76.000.000, suma que no fue justificada ni reintegrada a JAPDEVA.

El segundo delito de peculado se configuró en agosto de 2005, cuando Pecou Johnson autorizó un nuevo pago bajo el argumento de que las embarcaciones habían caído en abandono por no haberse nacionalizado a tiempo. Ese supuesto trámite adicional tuvo un costo de ₵39.347.286,63, solicitado por Fonseca Castañeda y girado sin respaldo documental, lo que incrementó el perjuicio económico total a más de ₵115.000.000.

El caso se tramitó bajo el expediente 06-200220-0472-PE. Félix Pecou Johnson fue juzgado en su condición de jefe de Proveeduría de JAPDEVA durante el periodo investigado; actualmente, no labora en la institución.