CCSS lleva a Tribunales proceso de lesividad por presuntos sobresueldos de Marta Esquivel

Acción judicial se relaciona con el salario recibido por la expresidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel, hoy candidata a diputada por Heredia

Redacción- La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) interpuso un proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo por los presuntos sobresueldos recibidos por la expresidenta ejecutiva de la institución, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, actual candidata a diputada por Heredia del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO). La información fue confirmada por la propia CCSS tras una consulta realizada por La Nación.

De acuerdo con lo reportado por La Nación, el Poder Judicial confirmó que el expediente ya se encuentra en trámite en la jurisdicción contenciosa administrativa, bajo el número 24-003261-1027-CA, aunque no se detalló la etapa procesal en la que se encuentra.

La Junta Directiva de la CCSS acordó iniciar el proceso de lesividad el 19 de marzo de 2024, con el fin de declarar la nulidad de la acción de personal N.º 435077-2022, mediante la cual se fijó el salario de Esquivel Rodríguez. La decisión se tomó a través del artículo 9 de la sesión 9421 y ordenó a la Dirección Jurídica emprender las acciones judiciales correspondientes, según publicó La Nación.

La CCSS indicó que, debido a que el expediente se encuentra en trámite judicial, no es posible brindar mayores detalles. Asimismo, aclaró que mientras no exista una declaratoria judicial de nulidad, no procede iniciar gestiones administrativas para una eventual recuperación de los montos que se habrían pagado de más.

Según reveló la Contraloría General de la República en diciembre de 2023, información divulgada originalmente por La Nación, la CCSS pagó a Esquivel un salario mensual de ¢7.158.848 desde su nombramiento el 20 de setiembre de 2022. La exjerarca se mantuvo en el cargo durante 24 meses y 20 días, hasta el 10 de octubre de 2024.

No obstante, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece que el salario total de los funcionarios públicos no puede superar los ¢5.565.000 mensuales, equivalente a un tope de 20 salarios base de la categoría más baja de la escala salarial vigente desde 2018. Por esta razón, la Contraloría ordenó a la Junta Directiva ajustar de inmediato el salario y recuperar las sumas pagadas en exceso, así como otros rubros asociados, como aguinaldos, salario escolar, cargas sociales y aportes al fondo de capitalización laboral, según detalló La Nación.

Un proceso de lesividad consiste en una demanda ordinaria presentada por el Estado para anular un acto administrativo que otorgó un derecho y que se considera contrario al interés público. En este caso, la CCSS busca que se declare nula la acción que permitió el pago de un salario por encima del tope legal. De prosperar el proceso y quedar en firme la nulidad, se podría exigir la devolución de los montos presuntamente devengados de más.

Este medio intentó obtener la posición del abogado Edgardo García, representante legal de Esquivel Rodríguez, así como una reacción directa de la exjerarca; no obstante, no se obtuvo respuesta al cierre de edición, según informó La Nación.