Cae en Colombia el cerebro de una estafa millonaria que golpeó al INS

Un costarricense señalado como pieza clave de un sofisticado fraude financiero fue detenido en Bogotá tras una operación internacional que reactiva uno de los casos más sensibles para el Estado.

Las autoridades colombianas capturaron en Bogotá al costarricense Rubén Antonio Wang Lara, identificado por investigadores como el principal articulador de un esquema de estafa que habría provocado millonarias pérdidas al Estado costarricense, particularmente al Instituto Nacional de Seguros.

La detención fue confirmada este 15 de enero por la Policía Nacional de Colombia, que informó que la operación se concretó gracias a un trabajo de cooperación internacional en el que participaron Interpol, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y Migración Colombia. Según las autoridades, el operativo se ejecutó luego de varios meses de seguimiento.

De acuerdo con la investigación, Wang Lara no operaba como un delincuente común. Las pesquisas señalan que ejercía control sobre sociedades utilizadas como fachada para gestionar créditos fraudulentos a nombre de terceros y trasladar, de forma irregular, responsabilidades económicas al INS mediante el uso indebido de seguros de caución.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por el INS en 2017, cuando se detectó una presunta trama vinculada con la emisión irregular de estos seguros, instrumentos diseñados originalmente para garantizar contratos ante entidades públicas, pero que habrían sido utilizados para respaldar negocios privados, en contra de la normativa vigente.

La investigación judicial sostiene que, entre 2011 y 2014, se ofrecieron estos documentos como supuesta garantía a inversionistas, a quienes se les prometían rendimientos atractivos bajo el argumento de que el INS respondería por el capital en caso de incumplimiento. Cuando los pagos se detuvieron y los inversionistas intentaron ejecutar las garantías, la institución rechazó los reclamos y denunció las irregularidades.

Las autoridades también señalaron que una de las claves del esquema fue la tramitación de decenas de bonos de caución sin los estudios financieros básicos, aprovechando fallas en los controles internos. Esto permitió que las pérdidas de negocios privados intentaran ser trasladadas a la aseguradora estatal.

En su momento, el INS estimó que el perjuicio económico total podría rondar los 21 millones de dólares, aunque la Fiscalía logró confirmar una afectación directa menor. A raíz de este caso, la institución dejó de comercializar el Seguro de Caución en enero de 2015, tras una resolución de la Procuraduría General de la República que cuestionó la legalidad de este tipo de operaciones.

Con la captura de Wang Lara en Colombia, las autoridades esperan avanzar en uno de los expedientes más complejos de los últimos años y definir los pasos siguientes en el proceso judicial que mantiene en vilo a varias instituciones del país.