Allanan casa de alcaldesa y oficinas municipales por presunto tráfico de influencias

Fiscalía y OIJ ejecutan operativos simultáneos en Puriscal y Cartago por una investigación que también apunta a posibles irregularidades en contratos, caminos y uso de maquinaria municipal.

La mañana de este martes arrancó con un fuerte movimiento judicial en Puriscal. Agentes del OIJ y autoridades del Ministerio Público ingresaron de forma simultánea a la vivienda de la alcaldesa, al edificio municipal y a varios puntos más, como parte de una investigación penal en desarrollo.

La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción dirige una serie de allanamientos relacionados con un presunto caso de tráfico de influencias, según confirmaron las autoridades judiciales.

Las diligencias se realizan en la casa de la alcaldesa de Puriscal, Iris Arroyo Herrera, ubicada en Mercedes Norte de ese cantón, así como en el plantel municipal y varias oficinas del gobierno local.

De forma paralela, las autoridades allanaron un taller de vehículos en Paraíso de Cartago y las instalaciones de la Asociación Inter Puriscaleña de Ayuda Social, como parte del mismo expediente judicial.

En los operativos participan cerca de 30 agentes del Organismo de Investigación Judicial, quienes colaboran en la recolección de evidencia para una causa que se mantiene bajo análisis.

El director a.i. del OIJ, Michael Soto, indicó que el delito principal que se investiga es el presunto tráfico de influencias. Además, no se descarta la eventual comisión de otros delitos como malversación de fondos, peculado de uso e incumplimiento de deberes, todos bajo la causa 25-000094-1218-PE.

Según la legislación costarricense, el tráfico de influencias castiga el uso indebido de una posición de poder para influir sobre un funcionario público y obtener beneficios económicos o ventajas indebidas, con penas que pueden ir de dos a cinco años de prisión.

Arroyo Herrera ocupa la Alcaldía de Puriscal desde mayo de 2020 y llegó al cargo bajo la bandera del Partido Liberación Nacional.

De acuerdo con la investigación, las supuestas irregularidades estarían relacionadas con trámites de asignación de contratos y licitaciones a proveedores externos, así como con la intervención y reparación de caminos y el uso irregular de maquinaria municipal.

La diligencia fue solicitada por el Ministerio Público al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, que autorizó los allanamientos. Todo el material decomisado será analizado por secciones especializadas del OIJ.

El caso se mantiene en investigación y, por ahora, no se han informado detenciones ni imputaciones formales.