TSE se pronuncia tras decisión de la Asamblea de no levantar inmunidad al presidente

El Tribunal recordó su competencia para investigar la beligerancia política y señaló que el proceso sancionador quedará suspendido hasta que finalice el mandato presidencial.

Redacción- Tras la decisión de la Asamblea Legislativa de no levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se pronunció sobre el alcance de la votación y las implicaciones del proceso.

El TSE indicó que respeta la determinación adoptada por el Poder Legislativo. Señaló que se trata de una decisión política que, a diferencia de la valoración técnico-jurídica que realizan los jueces electorales, puede incorporar consideraciones de coyuntura y conveniencia.

Asimismo, el Tribunal destacó que el trámite seguido en la Asamblea Legislativa permitió ratificar su competencia para investigar y sancionar el ilícito de beligerancia política. Según el TSE, esa atribución quedó confirmada con la admisión del caso a una comisión especial, el informe de mayoría de dicha comisión, el pronunciamiento de Servicios Técnicos y la votación realizada en el plenario.

En cuanto a los pasos a seguir, el Tribunal explicó que el proceso sancionador por beligerancia política quedará temporalmente suspendido. Dicho procedimiento se reanudará una vez que decaiga la inmunidad del presidente Chaves, al concluir su mandato el próximo 8 de mayo.

El TSE recordó que la beligerancia política es el ilícito que cometen los funcionarios públicos cuando incumplen su deber de imparcialidad político-partidaria, establecido en la Constitución y en la ley. Este tipo de falta se sanciona con la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de dos a cuatro años.

Finalmente, el Tribunal explicó que la Sección Especializada solicitó el levantamiento de la inmunidad del presidente debido a que, tras una investigación preliminar, se declararon admisibles 15 denuncias por presunta beligerancia política en su contra. Añadió que, al tratarse de un funcionario que goza de fuero de protección, la normativa constitucional y legal exige que la Asamblea Legislativa apruebe el levantamiento de la inmunidad por mayoría calificada antes de iniciar el procedimiento sancionatorio.