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OIJ detiene grupo de estafadores que se apoderaba de propiedades deshabitadas y lotes baldíos para venderlos

Grupo ofrecía terrenos legítimos, pero utilizaba documentación adulterada que generaba alertas de duplicidad en el Registro Nacional.

Redacción · 1 min de lectura
OIJ detiene grupo de estafadores que se apoderaba de propiedades deshabitadas y lotes baldíos para venderlos
OIJ detiene grupo de estafadores que se apoderaba de propiedades deshabitadas y lotes baldíos para venderlos. Fotografía: AM Prensa.

Grupo ofrecía terrenos legítimos, pero utilizaba documentación adulterada que generaba alertas de duplicidad en el Registro Nacional.

Redacción- La Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón ejecutó este miércoles seis allanamientos en Limón centro, Santa Duviges y Pacuare, donde detuvo a cuatro personas sospechosas de integrar una estructura dedicada a cometer fraude registral.

La investigación inició a mediados de este año, cuando las autoridades detectaron un patrón irregular en la venta de propiedades. A diferencia de otros esquemas, los sospechosos no ofrecían terrenos inexistentes: identificaban propiedades reales —generalmente deshabitadas o sin edificaciones—, las visitaban para tomar fotografías y elaboraban documentación falsa con el fin de simular transacciones legítimas.

Posteriormente, publicaban los inmuebles en redes sociales desde perfiles falsos y los vendían a precios inferiores al valor de mercado para atraer víctimas. Según el OIJ, la estafa se concretaba cuando los compradores intentaban inscribir las escrituras en el Registro Nacional, momento en el que el sistema generaba alertas de duplicidad, evidenciando que los documentos no eran válidos.

Los detenidos son de apellidos Aquiles (60 años), Cáceres (34), Brown (34) y Campbell (50).

Las autoridades advierten que existen otras causas vinculadas que siguen bajo investigación, por lo que no se descartan más allanamientos y el decomiso de documentación relevante.

Los cuatro sospechosos serán puestos a la orden del Ministerio Público, que definirá las medidas a aplicar en su contra.

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