Sala IV frena subasta de frecuencias y sacude el panorama de la radio y la TV en Costa Rica
El alto tribunal detuvo el proceso mientras analiza varios recursos que advierten un riesgo real de que el país pierda buena parte de sus servicios de...
El alto tribunal detuvo el proceso mientras analiza varios recursos que advierten un riesgo real de que el país pierda buena parte de sus servicios de radiodifusión.
La Sala Constitucional ordenó este miércoles detener de inmediato el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión que impulsa la Superintendencia de Telecomunicaciones. La decisión se adopta mientras el tribunal estudia distintos recursos de amparo que cuestionan la legalidad y el impacto de este concurso público.
La resolución, firmada por el magistrado instructor Paul Rueda, congela todos los pasos del procedimiento hasta que exista una sentencia en firme. El tribunal justificó la medida ante el riesgo de que el país enfrente una reducción drástica de sus servicios de radiodifusión, tanto en televisión como en radio.
Según expuso la Sala, el número de ofertas recibidas por Sutel para esta subasta es tan bajo que podría derivar en una disminución significativa de emisoras y canales operando en el territorio nacional. El tribunal estima que la afectación podría alcanzar cerca de dos tercios del servicio que hoy está disponible para la ciudadanía.
El expediente también reveló que el amparo inicial fue ampliado para incluir al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, que se suma al Ministerio de la Presidencia y a la propia Sutel dentro de las instituciones señaladas en los recursos.
La medida cautelar llega en medio del intenso debate nacional sobre los costos y alcances del proceso de subasta, cuestionado por empresas pequeñas, radios culturales, comunitarias y estaciones regionales que han advertido que no cuentan con los fondos para competir bajo estas condiciones.
Con la suspensión, el futuro de las frecuencias vuelve a quedar en manos de la Sala Constitucional, que deberá resolver si el procedimiento impulsado por Sutel se ajusta o no al marco jurídico y al principio de acceso equitativo a los medios de comunicación.