Entre choques y reclamos: así arrancó la audiencia del presidente Chaves en la Asamblea

La comisión especial inició el análisis para retirar el fuero al presidente, en medio de choques por el tiempo de defensa, acusaciones de beligerancia política y una larga lista de denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

La discusión por el eventual levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves comenzó encendida este martes en la comisión legislativa encargada del caso.

El ambiente se tensó apenas inició la audiencia, cuando varios diputados afines al mandatario reclamaron por las reglas impuestas para la intervención de su abogado.

La molestia surgió porque Alejandra Larios, presidenta de la comisión y diputada liberacionista, limitó a diez minutos el espacio para que el abogado del mandatario, José Miguel Villalobos, expusiera su defensa.

En contraste, el presidente tendría hasta 50 minutos para presentar sus argumentos, lo cual desató protestas de legisladores como Daniel Vargas, Pilar Cisneros y Paola Nájera.

Los diputados presentaron una moción para extender el tiempo del abogado y revertir la decisión de Larios, alegando que la defensa debía tener igualdad de condiciones.

El proceso se abrió luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones solicitara al Congreso retirar el fuero presidencial, tras recibir un expediente con 15 denuncias por presunta beligerancia política.

La petición fue emitida el pasado 7 de octubre por la Sección Especializada del TSE, un órgano que analizó acusaciones firmadas por diez personas, entre ellas los presidentes de Liberación Nacional y del PAC, además de diputados como Johana Obando y Luis Fernando Mendoza.

Según explicó el TSE, a diferencia de otros funcionarios públicos, cualquier investigación formal contra un presidente requiere primero que la Asamblea Legislativa apruebe el levantamiento de su inmunidad, tal como lo dicta el artículo 270 del Código Electoral.

Las denuncias señalan que Chaves habría promovido mensajes políticos en eventos oficiales, conferencias de prensa y actos públicos, instando a los costarricenses a elegir diputados favorables a su agenda en las elecciones del 2026. Para el órgano electoral, estas conductas deben analizarse a profundidad, pues podrían constituir interferencia indebida desde el Poder Ejecutivo en el proceso democrático.

La solicitud del TSE fue aprobada por unanimidad en la Sección Especializada, integrada por los magistrados Luis Diego Brenes, Mary Anne Mannix y Wendy de los Ángeles González, quienes concluyeron que existían elementos suficientes para abrir el procedimiento sancionatorio, siempre y cuando el Congreso retire el fuero presidencial.

El debate legislativo apenas comienza, pero ya dejó claro que el caso promete semanas intensas de choques políticos, reclamos cruzados y una disputa de alto voltaje entre el oficialismo y sus detractores.