Defensoría hace llamado a Rodrigo Chaves: más de 600 familias sin ingresos por suspensión de pagos por licencias de cuido

Redacción- La Defensoría de los Habitantes manifestó su profunda preocupación y solidaridad con más de 600 familias afectadas por la suspensión en el pago de las licencias de personas cuidadoras de pacientes en fase terminal, menores gravemente enfermos y otros casos excepcionales.

Según el ente defensor, la falta de estos recursos ha dejado a decenas de hogares en una situación de vulnerabilidad económica y emocional extrema, ya que muchas personas cuidadoras han reportado que no cuentan con dinero suficiente para comprar alimentos, medicinas o implementos médicos esenciales para la atención de sus familiares.

“La imposibilidad de adquirir alimentos, medicamentos y artículos básicos de higiene refleja una situación apremiante que demanda acciones urgentes del Estado”, señaló la institución en un comunicado.La Defensoría hizo un llamado directo al presidente Rodrigo Chaves para que incluya en la agenda legislativa el proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento estructural y permanente de las licencias de cuido, a fin de evitar que el programa vuelva a enfrentar un desfinanciamiento como el actual.

Acciones y gestiones interinstitucionalesDesde que se conoció la suspensión de los pagos, la Defensoría convocó de manera urgente a representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), con el objetivo de buscar soluciones inmediatas.

Además, ha realizado gestiones ante entidades como el PANI, CONAPAM, CONAPDIS y el Ministerio de Hacienda, para explorar rutas que permitan dotar de recursos extraordinarios y restablecer los pagos pendientes de este año.

Llamado al diálogoLa Defensoría reiteró su disposición para facilitar el diálogo y la coordinación interinstitucional, con el fin de alcanzar acuerdos que devuelvan la tranquilidad a las familias afectadas y aseguren la protección de las personas en condición de dependencia.

“Se requiere una respuesta inmediata y un compromiso político firme para garantizar la continuidad del programa y la estabilidad económica de quienes cuidan a los más vulnerables”, concluyó el pronunciamiento.