Masacre en Río de Janeiro deja más de 130 muertos y desata una ola de indignación internacional

ONU y organizaciones de derechos humanos exigen una investigación independiente tras el operativo policial más sangriento en la historia reciente de Brasil.

RÍO DE JANEIRO.– El más reciente megaoperativo policial en las favelas de Río de Janeiro ha dejado una cifra estremecedora: al menos 132 personas fallecidas, según la Defensoría Pública del estado.

La intervención, que comenzó el martes y se extendió durante la madrugada del miércoles 29 de octubre, fue ejecutada por miles de agentes con apoyo de helicópteros y vehículos blindados en los complejos de Alemão y Penha, zonas dominadas por el grupo criminal Comando Vermelho (Comando Rojo).

Mientras el gobierno estatal asegura que la operación fue un golpe contundente contra el narcotráfico, organismos internacionales y defensores de derechos humanos califican lo ocurrido como una “masacre sin precedentes”. La magnitud de los hechos ha generado condenas tanto dentro como fuera de Brasil.

Una operación “de guerra” en barrios pobres

El gobernador Cláudio Castro defendió la acción señalando que “los fallecidos eran, sin duda, criminales”, excepto los cuatro policías que también perdieron la vida. Según explicó, el enfrentamiento se produjo en una zona boscosa donde se refugiaban integrantes del Comando Vermelho, un poderoso cartel que controla gran parte del tráfico de drogas en Río.

Sin embargo, vecinos y testigos relataron otra historia: cuerpos apilados en las calles, disparos por la espalda, personas atadas y signos de ejecución. “No fue un operativo, fue una cacería”, denunció el activista social Raull Santiago, quien participó en labores de rescate y apoyo a familiares de las víctimas.

El balance del operativo es brutal: 81 detenidos, 93 rifles decomisados y más de media tonelada de droga incautada, según el gobierno estatal. No obstante, los enfrentamientos desencadenaron caos en toda la ciudad. Escuelas y universidades suspendieron clases, autobuses fueron incendiados para bloquear carreteras y se reportaron ataques con drones contra agentes policiales.

En redes sociales circularon videos donde se observan helicópteros sobrevolando zonas residenciales mientras se escuchan ráfagas de disparos. “Son escenas de guerra”, reconoció el sociólogo Luis Flavio Sapori, experto en seguridad pública, al señalar que “la magnitud de las víctimas no tiene precedentes en Río”.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” por el elevado número de muertos y pidió a las autoridades brasileñas abrir investigaciones rápidas y efectivas. “Recordamos al Estado sus obligaciones bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, señaló en un comunicado.

También Human Rights Watch y la organización FAFERJ, que defiende los derechos de los habitantes de las favelas, condenaron la operación. César Muñoz, director de HRW en Brasil, afirmó que “la Fiscalía debe investigar las circunstancias de cada muerte”, mientras que Filipe dos Anjos, de FAFERJ, subrayó que “los operativos letales no resuelven el problema, porque las víctimas son fácilmente reemplazadas por otros jóvenes pobres”.

El Instituto Marielle Franco, creado en honor a la concejala asesinada en 2018, denunció que las redadas en las favelas “no son una política de seguridad, sino una política de exterminio que condena a las comunidades negras y pobres a vivir entre la violencia y el miedo”.

“En treinta días, el crimen se reorganiza. Este tipo de operativo no cambia nada para la sociedad, solo multiplica el dolor”, agregó dos Anjos, en declaraciones que reflejan la frustración generalizada en las comunidades afectadas.

Silencio y tensiones en el gobierno de Lula

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien regresó de un viaje oficial a Malasia pocas horas después de los hechos, aún no se ha pronunciado públicamente sobre la tragedia. No obstante, su gobierno enfrenta crecientes críticas por parte del gobernador de Río, que reclama mayor apoyo federal para combatir el crimen organizado.

El Ministerio de Justicia respondió que ha atendido en múltiples ocasiones las solicitudes de refuerzo policial, pero reconoció que la coordinación entre las fuerzas estatales y nacionales sigue siendo débil. Por su parte, Gleisi Hoffmann, representante del Partido de los Trabajadores, insistió en la necesidad de un plan conjunto que ataque las raíces del problema: la desigualdad y la falta de oportunidades en las favelas.

Expertos en seguridad y derechos humanos coinciden en que la magnitud del operativo y el número de muertos superan cualquier otro enfrentamiento policial en la historia reciente de Brasil. “Lo que diferencia este caso es la escala del horror. Son cifras de guerra”, concluyó Sapori.

La tragedia deja al descubierto una vez más la profunda fractura social de Río de Janeiro, donde la lucha entre el Estado y el crimen organizado sigue cobrándose la vida de quienes menos tienen.