Policías que maten delincuentes recibirán un bono extra en su salario

Una polémica reforma promete primas de hasta 150 por ciento del salario para agentes que “neutralicen” delincuentes o confisquen armas de gran calibre. La medida enciende alarmas por el riesgo de más muertes en operativos.

Ocurrió en Río de Janeiro, Brasil. La asamblea legislativa estatal aprobó una ley q bonificaciones a ciertos policías cuando, en operativos, se produce la “neutralización” de criminales o el decomiso de armamento pesado.

El proyecto quedó a la espera de ser promulgado en un plazo de 15 días por el gobernador Claudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro.

La propuesta desató críticas inmediatas de organizaciones de derechos humanos y de referentes políticos que alertan que la norma convierte la muerte en política pública. “La seguridad no se logra mediante la barbarie”, dijo el diputado federal Henrique Vieira al cuestionar que se premie económicamente la letalidad policial.

No es la primera vez que se intenta algo así en ese estado. En los años 90 estuvo vigente un incentivo apodado “bono del Lejano Oeste”, que terminó derogado ante el aumento de muertes durante intervenciones policiales.

Según el texto aprobado, los agentes podrían recibir primas desde 10 hasta 150 por ciento de su salario en dos escenarios: cuando confisquen armas de gran calibre o en situaciones que “conduzcan a la neutralización de criminales”. La bonificación fue incluida dentro de un paquete más amplio para reformar la policía civil, distinta de la policía militar, que cumple un rol más represivo.

El contexto local es especialmente sensible. En Río son frecuentes las operaciones de mano dura en favelas y barrios densamente poblados, con presencia de narcotraficantes y otros grupos armados. Por eso, colectivos cívicos temen que el incentivo se traduzca en más víctimas civiles.

“Corremos el riesgo de asistir a una masacre generalizada perpetrada por policías que harán todo para ganar más dinero”, advirtió Djeff Amadeus, abogado del Instituto de Defensa de la Población Negra.

Si el gobernador promulga la ley, entrará en vigor de inmediato. Diversas organizaciones ya preparan acciones legales para intentar frenarla y exigir controles estrictos sobre el uso de la fuerza en los operativos.