Procuraduría pide cárcel e indemnización para Gamboa, Araya y Smith por tráfico de influencias

Redacción- En contraste con la solicitud de absolutoria planteada por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República pidió este miércoles al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública que condene penalmente al exsubjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez, al exalcalde Johnny Araya Monge y a la exfiscala Berenice Smith Bonilla, por el delito de tráfico de influencias.

Además de solicitar la pena mínima de dos años de prisión, el procurador Federico Quesada exigió que los imputados indemnicen económicamente al Estado. La Procuraduría solicitó ₡15 millones contra Gamboa y Smith y ₡12 millones contra Araya, por concepto de daño material y moral.

Fiscalía pidió absolverlosEste giro en el proceso ocurre luego de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), de forma sorpresiva, solicitara la absolución de los tres acusados, argumentando que no existe prueba suficiente para acreditar que incurrieron en el delito.

Según explicó el fiscal Carlos Rodríguez, la acusación original —formulada por un equipo anterior— no definía claramente los actos concretos de presión o influencia, lo que impedía sostener una solicitud de condena. Por su parte, la fiscala adjunta Natalia Villalta, jefa de FAPTA, indicó que el cambio de criterio responde al principio de objetividad, al no haber evidencia clara y contundente.

Procuraduría sostiene que hubo delitoNo obstante, la Procuraduría se apartó de ese razonamiento. Quesada recalcó que el caso sí contiene elementos suficientes para demostrar que se cometieron actos ilegales, que habrían derivado en una ventaja indebida para Araya, en el contexto de la campaña electoral del 2016.

La acusación indicaba que entre noviembre de 2015 y enero de 2016, los tres imputados habrían ejecutado una serie de acciones coordinadas para eliminar el nombre de Araya del sistema informático del Ministerio Público, donde figuraba como imputado por presunto enriquecimiento ilícito.

Según esa tesis, Gamboa y Smith habrían influido sobre la fiscala instructora del caso, Natalia Rojas, para que emitiera un oficio con información falsa. Dicho documento, FAPTA-08-2016, fue entregado a Araya el 6 de enero de 2016. Al día siguiente, su nombre desapareció del sistema judicial, y el 8 de enero Araya lo remitió a una periodista de La Nación, lo que permitió que su nombre no apareciera en una publicación sobre candidatos con causas penales activas.

Para la Procuraduría, este conjunto de acciones generó una ventaja indebida ante el electorado, y se realizó prevaliéndose de la jerarquía de los implicados en el aparato judicial.

El Tribunal deberá resolver si acoge la solicitud de la Fiscalía de absolver a los imputados o si, como pide la Procuraduría, impone una condena penal y civil en su contra.