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Sala Constitucional condena al Estado por violaciones a la libertad de prensa durante conferencias de Rodrigo Chaves

Redacción- La Sala Constitucional declaró con lugar dos recursos de amparo presentados por periodistas contra la Presidencia de la República, por hechos...

Redacción · 1 min de lectura
Sala Constitucional condena al Estado por violaciones a la libertad de prensa durante conferencias de Rodrigo Chaves
Sala Constitucional condena al Estado por violaciones a la libertad de prensa durante conferencias de Rodrigo Chaves. Fotografía: AM Prensa.

Redacción- La Sala Constitucional declaró con lugar dos recursos de amparo presentados por periodistas contra la Presidencia de la República, por hechos ocurridos durante conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chaves en 2024.

Mediante el voto 2025-016964, emitido este 3 de junio, los magistrados resolvieron de forma conjunta los expedientes 24-025545-0007-CO y 24-27116-0007-CO, ambos relacionados con limitaciones al ejercicio periodístico y acceso a la información pública.

El primer recurso fue presentado por los comunicadores David Bolaños, David Chavarría y Héctor Guzmán, quienes alegaron haber sido objeto de restricciones y hostigamiento mientras ejercían su labor informativa.

Entre los hechos denunciados se incluye una conferencia del 30 de julio de 2024, en la que el presidente interrumpió bruscamente y mandó a callar al periodista Héctor Guzmán cuando este intentaba formular una pregunta.

En otra conferencia, el 11 de septiembre, los reporteros Bolaños y Chavarría fueron rodeados por agentes de la Unidad de Protección Presidencial cuando intentaron hacer repreguntas sobre el proyecto de ley de jornadas excepcionales 4-3. Además, cuando insistieron en cuestionar a la entonces ministra de la Presidencia, Laura Fernández, les apagaron el micrófono.

Por estos hechos, la Sala concluyó que se violentó la libertad de prensa, y condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.

En el segundo recurso, los periodistas alegaron que el Ministerio de la Presidencia no respondió a solicitudes de información sobre el proyecto de ley mencionado, lo cual fue considerado una violación al derecho de petición y acceso a información pública. No obstante, no se impusieron sanciones económicas en este caso.

La resolución marca un precedente importante sobre el respeto al trabajo periodístico y el acceso a la información en eventos oficiales del Poder Ejecutivo.

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