Migrantes deportados por Trump sobreviven sin traductores, internet ni rumbo definido, denuncia la Contraloría

Redacción- La Contraloría General de la República, en seguimiento al proceso de observación activa liderado por la Defensoría de los Habitantes, se pronunció sobre la situación de las personas deportadas desde Estados Unidos a Costa Rica, destacando los riesgos y violaciones de derechos humanos que enfrentan migrantes en el contexto global. El órgano contralor enfatizó la obligación del Estado costarricense de liderar un abordaje estructural, integral y con la participación de todos los sectores para garantizar una atención adecuada y conforme con el ordenamiento jurídico nacional.

Desde febrero, cuando se concretó una serie de deportaciones, la Defensoría recomendó medidas clave como garantizar condiciones dignas de permanencia, libertad de tránsito, alternativas de protección internacional para quienes no pueden retornar a sus países de origen, y un abordaje integral que atienda las múltiples necesidades de la población migrante. Aunque estas recomendaciones fueron inicialmente desestimadas por las autoridades migratorias, muchas de ellas han sido gradualmente adoptadas, validando el enfoque propuesto por la Defensoría.

Entre las medidas ya implementadas destacan:

Instalación de sábanas para privacidad en camarotes del Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM Sur).Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de purificación de agua.Sustitución del techo del CATEM con aislante térmico.Autorización de entrada y salida libre para personas deportadas.Normalización migratoria temporal por razones humanitarias.Posibilidad de solicitar refugio.Presencia del Ministerio de Educación Pública para valorar opciones educativas para menores.La Contraloría también reconoció el esfuerzo de la policía migratoria por brindar una atención digna pese a las limitaciones de recursos. No obstante, hizo énfasis en la necesidad de una mejor planificación institucional, respuestas oportunas y transparencia informativa por parte de las jerarquías responsables.

Pendientes críticosCuatro meses después de la llegada de las personas deportadas, persisten aspectos clave sin resolver:

Definición de país destino para quienes no pueden regresar a su país de origen y no desean solicitar refugio en Costa Rica.Falta de traductores, una necesidad crítica tratándose de personas deportadas desde Estados Unidos con limitaciones lingüísticas.Ausencia de una estrategia integral de protección que involucre a instituciones como el PANI e INAMU de forma articulada y con enfoque preventivo.Carencia de conectividad, ya que no se ha habilitado acceso a internet mediante Wi-Fi en el CATEM Sur.La Contraloría concluye que, si bien se han logrado avances importantes, la atención a personas migrantes requiere una respuesta más robusta, planificada y coherente con los principios de derechos humanos y dignidad que rigen el marco jurídico costarricense.