Fiscalía acusa al presidente Chaves y Pilar Cisneros por presuntas estructuras paralelas en campaña electoral

Redacción- La Fiscalía General de la República presentó esta mañana una acusación formal con solicitud de levantamiento de fuero y apertura a juicio contra siete altos funcionarios de los Supremos Poderes, incluyendo al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por su presunta implicación en delitos relacionados con financiamiento político ilícito.

La acción judicial fue tramitada directamente por el fiscal general, Carlo Díaz, ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, conforme al procedimiento especial establecido para funcionarios con inmunidad constitucional. La acusación está contenida en el expediente 22-000116-1218-PE.

Rodrigo Chaves Robles, presidente de la RepúblicaStephan Brunner Neibig, vicepresidenteAndré Tinoco, ministro de Relaciones ExterioresPilar Cisneros Gallo, diputadaLuz Mary Alpízar Loaiza, diputadaPaola Nájera, diputadaWaldo Agüero, diputadoSegún la investigación iniciada en 2022, se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) durante el período electoral 2022-2026. Las estructuras identificadas incluyen un fideicomiso privado y cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal separado en el expediente 22-000210-0276-PE, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Ambas vías de financiamiento habrían operado al margen de los controles legales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Tesorería del partido, violando los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica.

La Fiscalía considera que existen suficientes elementos de convicción para sustentar, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, que los imputados incurrieron en delitos contemplados en los artículos 273, 274 inciso e), 275 inciso a) y b) del Código Electoral.

Será ahora la Corte Suprema de Justicia la encargada de valorar la acusación y, de encontrar mérito, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional de los funcionarios señalados, paso necesario para avanzar hacia un eventual juicio.