Saltar al contenido

Costa Rica

Jueves 19 de noviembre de 2026

Noticias de Costa Rica y el mundo desde 2015
EN

Nacionales

Fiscalía investiga a presidenta del Congreso por presunto prevaricato en trámite del Presupuesto 2027

El Ministerio Público confirmó a CR Hoy que abrió una causa contra Yara Jiménez. La Fiscalía solicitó el expediente legislativo el 18 de noviembre, pero todavía no lo había recibido.

Redacción · 3 min de lectura
Fiscalía investiga a presidenta del Congreso por presunto prevaricato en trámite del Presupuesto 2027
Fiscalía investiga a presidenta del Congreso por presunto prevaricato en trámite del Presupuesto 2027. Fotografía: AM Prensa.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, es investigada por la Fiscalía General por el presunto delito de prevaricato, debido a decisiones que tomó durante el trámite del Presupuesto Nacional para el 2027.

La apertura de la investigación fue confirmada por el departamento de prensa del Ministerio Público a CR Hoy. Según informó ese medio, la Fiscalía solicitó al Congreso el expediente legislativo del plan de gastos el pasado 18 de noviembre, con el propósito de avanzar en las diligencias. Sin embargo, al momento de la consulta, el documento todavía no había sido remitido.

El prevaricato es un delito que puede configurarse cuando un funcionario público dicta una resolución contraria a la ley o sustentada en hechos falsos, con conocimiento de su ilegalidad.

El caso está en manos de la Fiscalía General debido a que Jiménez integra uno de los Supremos Poderes de la República y cuenta con fuero de improcedibilidad penal.

La investigación se relaciona con una resolución que emitió la presidenta legislativa durante la discusión del Presupuesto. En ella descartó que el proyecto necesitara 38 votos para ser aprobado en primer y segundo debate, pese a que la Corte Suprema de Justicia había advertido sobre posibles afectaciones al Poder Judicial por varias normas de ejecución presupuestaria incluidas en el plan.

Cuestionamientos por el trámite legislativo

Tal como reportó CR Hoy, diputados de oposición y abogados constitucionalistas señalaron posibles irregularidades en la conducción del debate presupuestario.

Entre los cuestionamientos mencionados están que Jiménez no tomara en cuenta una nota enviada por la Corte Suprema, que no consultara al Poder Judicial sobre el posible impacto de las disposiciones y que permitiera continuar con la discusión del proyecto pese a una primera medida cautelar de la Sala Constitucional.

El 5 de noviembre, durante una sesión del Plenario, Jiménez rechazó el criterio remitido por la Corte. Los magistrados habían advertido que varias normas presupuestarias podían afectar la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.

La presidenta del Congreso justificó su decisión al señalar que ningún órgano legislativo había solicitado formalmente ese criterio.

Posteriormente, también descartó que el Presupuesto necesitara 38 votos para avanzar, sin anunciar una consulta al Poder Judicial por la eventual afectación institucional.

La controversia continuó el 9 de noviembre, cuando la Sala Constitucional dictó una primera medida cautelar que impedía votar el Presupuesto en segundo debate antes del 29 de noviembre. Pese a esa disposición, Jiménez resolvió continuar con la discusión mediante una resolución propia.

Ese mismo día, una segunda medida cautelar obligó a suspender el debate y levantar la sesión legislativa.

Consultas por recortes al Poder Judicial y al FEES

Antes de esas medidas cautelares, la Corte Suprema había presentado una consulta facultativa de constitucionalidad contra las normas presupuestarias que bloquean ₡30.000 millones destinados al Poder Judicial.

Posteriormente, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) presentó otra consulta sobre esas mismas disposiciones. Por su parte, el Frente Amplio acudió a la Sala Constitucional para cuestionar los recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La Fiscalía confirmó a CR Hoy que la investigación contra Jiménez continúa abierta. Por ahora, el Ministerio Público se encuentra a la espera del expediente legislativo solicitado para avanzar con el análisis del caso.

La apertura de una investigación no implica que exista una declaración de culpabilidad contra la presidenta del Congreso.

Siga leyendo

Más de Nacionales