Exhibir reclusos no equivale a prevenir el delito, advierte especialista de la UNED
Tras el traslado de 123 privados de libertad al CACCO, la académica Karen Jiménez pide evaluar la seguridad por la prevención del reclutamiento de jóvenes y la reinserción social.
El fortalecimiento del control en las cárceles puede impedir que organizaciones criminales operen desde esos centros, pero no resuelve por sí solo las condiciones que alimentan la delincuencia. Esa es la advertencia de Karen Jiménez Morales, encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), tras el traslado de los primeros 123 privados de libertad al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).
Las imágenes de los reclusos rapados, vestidos con uniformes anaranjados y sometidos a estrictos procedimientos de custodia abrieron una discusión sobre los alcances de las medidas penitenciarias y el respeto a los derechos humanos.
El traslado se realizó el 26 de octubre al centro ubicado en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
Para Jiménez, esas escenas deben propiciar un debate nacional sobre los límites del poder punitivo del Estado y la capacidad de las políticas públicas para prevenir la criminalidad.
“Las imágenes del traslado de personas privadas de libertad a lo que se le llama el CACCO creo que sí deben llevarnos a una reflexión un poco más profunda, que sea más allá de una simple demostración de fuerza o de poder por parte del Estado”, señaló.
La especialista reconoció que las personas consideradas de alto riesgo requieren protocolos rigurosos. Sin embargo, sostuvo que esa necesidad no justifica cualquier forma de trato o exposición pública.
“Si bien es cierto, se requieren protocolos estrictos de seguridad para personas de alto riesgo, esto no justifica su exposición pública ni prácticas que puedan vulnerar su dignidad humana”, expresó.
También recordó que la difusión de estas imágenes puede afectar a las familias de los reclusos, incluidos sus hijos e hijas.
El Ministerio de Justicia y Paz ha defendido las disposiciones del CACCO como parte de una estrategia para reforzar el control institucional e impedir que personas vinculadas con estructuras criminales continúen delinquiendo desde prisión.
Entre las medidas figuran el corte de cabello, las restricciones de pertenencias personales, la vigilancia permanente y los protocolos especiales de custodia.
Jiménez consideró prioritario evitar que las cárceles se conviertan en espacios de violencia y reproducción de la delincuencia. No obstante, advirtió que mejorar la vigilancia o endurecer las condiciones de reclusión no demuestra, por sí mismo, que exista un avance en prevención.
Desde su perspectiva, la criminalidad responde a múltiples factores sociales y estructurales que requieren intervenciones más amplias que el encarcelamiento.
La académica también cuestionó la reproducción de prácticas similares a las aplicadas en El Salvador sin considerar las diferencias sociales, económicas e institucionales entre ambos países.
Al analizar la exposición de los reclusos, mencionó enfoques como el derecho penal del enemigo y el etiquetamiento social, que permiten examinar cómo una persona en conflicto con la ley puede quedar reducida a su condición de amenaza.
“Usualmente el populismo aprovecha esta figura del enemigo, donde la persona que está en conflicto con la ley se observa como una amenaza que tiene que ser sometida, desdibujando su condición como seres humanos sujetos de derechos”, manifestó.
La encargada de Ciencias Policiales de la UNED planteó que las políticas de seguridad deben atender los factores que facilitan el ingreso de niños y jóvenes a organizaciones criminales.
Asimismo, pidió fortalecer las herramientas de reinserción para quienes cumplen una condena, de manera que puedan regresar a la sociedad con oportunidades para desarrollar una vida fuera del delito.
A su juicio, ambos objetivos deben formar parte de la evaluación de los resultados de la política de seguridad.
“No podemos medir el éxito de la seguridad por la cantidad de personas que están sentenciadas o por cuántas veces las exhibimos públicamente como estrategia de ‘disuasión’”, afirmó.
Para Jiménez, esa valoración debe concentrarse en la capacidad del país para evitar el reclutamiento de nuevas generaciones y lograr que más personas se reintegren a la sociedad después de cumplir su condena.
