El expediente del caso revela el pánico que vivieron los juzgadores al saberse vigilados por Crimen Organizado. Planearon una incursión nocturna en el cielo raso con una escalera judicial, sin sospechar que los micrófonos ya los estaban grabando en vivo.
La tranquilidad de los Tribunales de Justicia de Pococí y Guápiles se transformó en un escenario de paranoia absoluta durante los primeros meses de 2026. El juez coordinador de la zona, Ricardo Valverde López, y el juez penal Oliver Ramírez Valverde, vivían bajo una constante sospecha: sabían que la Sección de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) les seguía los pasos de muy cerca.
De acuerdo con el expediente judicial de allanamiento 25-009138-0042-PE, la tensión escaló al punto de que ambos juzgadores planearon un operativo clandestino —que ellos mismos calificaron de "re ilegal"— para subir al cielo raso de las oficinas judiciales en busca de cámaras y micrófonos de la policía judicial. Sin embargo, cometieron un error de cálculo fatal: planificaron toda la búsqueda frente a los dispositivos de escucha que la Jueza Penal de Hacienda ya había ordenado instalar en sus propios despachos.
“Yo ando paranoico mae”
La psicosis de los juzgadores comenzó a documentarse el 27 de enero de 2026, cuando detectaron un vehículo sospechoso estacionado frente al edificio de los tribunales. Preocupado, el juez Valverde López salió a buscar el automóvil y le sugirió a su compañero rastrear la matrícula a través de los sistemas oficiales del Poder Judicial para verificar si correspondía a una unidad policial.
Al día siguiente, la angustia de Oliver Ramírez era incontrolable. En una conversación grabada dentro de la oficina de Valverde, Ramírez exclamó alarmado: “Yo ando paranoico mae”, e incluso le preguntó de forma directa a su colega: “¿Mae qué, me va a allanar?”.
Para el 5 de mayo de 2026, la sospecha se convirtió en certeza. El juez Ramírez confirmó que el Juzgado Penal de Pococí estaba bajo una investigación formal de la Sección de Crimen Organizado del OIJ, identificando con precisión la causa bajo el número único 2511989.
“Todo el 2025 y parte de este puede que hayamos estado intervenidos, sépalo mae, no lo descarte”, le advirtió Ramírez a Valverde López.
La falsa seguridad de WhatsApp
A pesar de las constantes advertencias, el juez Ricardo Valverde mostraba una confianza ciega en la tecnología de mensajería digital. Ante los temores expresados por una usuaria de apellido Rizo Rojas sobre la posible interceptación de sus conversaciones privadas, el juez coordinador la tranquilizó con una afirmación contundente: “Por WhatsApp no existe todavía la intervención”.
Lo que Valverde ignoraba era la astucia de la Sección Anticorrupción del OIJ. Conscientes de que los sospechosos evitaban las llamadas telefónicas tradicionales para no dejar "huella", las autoridades judiciales habían solicitado desde noviembre de 2025 una orden para interceptar las "comunicaciones entre presentes". Esto significó la colocación de micrófonos y cámaras físicas ocultas dentro de los mismos despachos judiciales para captar cada palabra cara a cara.
El complot de la escalera judicial
El momento cumbre de la paranoia ocurrió cuando Oliver Ramírez entró apresurado a la oficina de su compañero con un reporte de pasillo. “Me dice Yorleny que han visto maes extraños del OIJ rondando el edificio en las noches”, le alertó.
De inmediato, Ramírez recordó el peligro latente: “Mae eso que le dije aquel día de los micrófonos mae”.
Valverde López coincidió en que la tecnología policial era sumamente avanzada: “Sí, habría que ver en qué lado. Mae, es que ahora hasta una camarita ahí pueden poner que usted ahí ni ve”. En ese instante, Ramírez señaló directamente hacia el techo falso del despacho exclamando: “Ahí arriba”.
Fue allí donde nació el plan clandestino. Ramírez propuso irrumpir fuera del horario laboral: “Me dan ganas de hacer eso un día Richy, después de las cuatro y media... Mae, subirse uno”.
Valverde López, lejos de llamarlo al orden en su condición de coordinador, le ofreció la logística interna del edificio: “Nada más de pedir la escalera. Ubicamos la escalera de nosotros, está en la bodega, y asomarse a ver qué hay”.
Ambos sabían perfectamente que invadir el cielo raso para sabotear una investigación judicial constituía un delito. “Re ilegal”, admitieron entre risas, mientras insultaban a los agentes del OIJ tachándolos de “esos hijueputas” y descargaban su furia contra el Fiscal Adjunto de Pococí, José Francisco Mena Castro, a quien otro de los jueces vinculados tildó de “care picha de Mena”.
Toda esta conspiración quedó registrada palabra por palabra en el expediente que sirvió de base para que, finalmente, a las 06:00 horas del pasado 1 de setiembre de 2026, un contingente del OIJ y el Ministerio Público irrumpiera con una orden de allanamiento para detener a los funcionarios de sus propios puestos de trabajo
