La legisladora oficialista Cindy Blanco presentó un proyecto para que el INVU entregue gratuitamente una propiedad en Aguacaliente a una asociación religiosa que ya utiliza el inmueble.
Una polémica propuesta comienza a generar cuestionamientos en la Asamblea Legislativa: la diputada cartaginesa Cindy Blanco González pretende que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) done un terreno público de 5.000 metros cuadrados a una iglesia cristiana de Aguacaliente, en Cartago.
La iniciativa fue presentada el 19 de agosto bajo el expediente 25.730 y busca traspasar gratuitamente la finca 3-218216-000 a la Asociación Cristiana Sinaí del Príncipe de Paz.
La organización religiosa, representada legalmente por Luis Eduardo Hernández Barquero y Marcos Alfonso Zúñiga Guzmán, tiene su sede en la comunidad de Cocorí, en San Francisco de Aguacaliente.
El terreno no es ajeno a la asociación. Desde hace tiempo lo ocupa mediante contratos de comodato, una figura que permite utilizar gratuitamente un inmueble, pero obliga a devolverlo cuando finaliza el acuerdo.
Ahora, la diputada propone ir más lejos: que la propiedad deje definitivamente de pertenecer al INVU y pase a manos de la organización cristiana.
Iglesia quiere ampliar sus proyectos
Blanco justifica la donación señalando que Sinaí del Príncipe de Paz desarrolla labores sociales, educativas, comunitarias y espirituales en beneficio de los habitantes de Cocorí y comunidades cercanas.
De acuerdo con la exposición de motivos, la iglesia quiere ampliar sus proyectos, pero no puede acceder fácilmente a inversiones o financiamiento porque carece de la titularidad del terreno.
“La donación del inmueble responde al interés público demostrado por los beneficios permanentes brindados a la comunidad de Cocorí y zonas aledañas”, argumentó la legisladora.
Sin embargo, la propuesta abre una discusión inevitable: ¿debe una institución creada para atender necesidades de vivienda desprenderse gratuitamente de una propiedad pública para beneficiar a una organización religiosa?
El proyecto tampoco plantea que la asociación compre el inmueble, pague un canon o compense al Estado por los 5.000 metros cuadrados. La fórmula escogida es una donación directa.
Oficialismo tendría el camino despejado
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Asuntos Municipales, donde el oficialismo cuenta con cuatro de los siete diputados que la integran.
Además, ese foro es presidido por el legislador del Partido Pueblo Soberano Ariel Mora, quien tendrá en sus manos la decisión de cuándo colocar el expediente en discusión.
Al ser un proyecto de ley ordinario, necesita 29 votos para aprobarse en el plenario. La fracción oficialista podría reunir por sí sola esa cantidad, por lo que la donación tendría un camino político favorable si sus legisladores deciden respaldarla.
Este es apenas el segundo proyecto presentado por Blanco desde que asumió su curul. La diputada forma parte del sector conservador del PPSO y mantiene una relación laboral con el pastor Rodolfo Arias, según consignó el medio La Nación.
Aunque en Costa Rica existen antecedentes de donaciones estatales a organizaciones religiosas y sociales, el proyecto vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso del patrimonio público, los límites entre política y religión y los criterios empleados para decidir quién puede recibir gratuitamente un terreno perteneciente a todos los costarricenses.
