La exdiputada llegó acompañada por su abogado para rendir declaración indagatoria dentro de la causa relacionada con la campaña electoral de Rodrigo Chaves en 2022.
La exdiputada Pilar Cisneros se presentó la mañana de este viernes ante la Fiscalía General de la República para declarar como imputada dentro de la causa penal que investiga el presunto financiamiento electoral ilegal de la campaña de Rodrigo Chaves en 2022.
Cisneros llegó a las 7:39 a. m., acompañada por su abogado, José Francisco Madrigal, según informó La Nación.
“Mi conciencia, limpiecitica”, expresó brevemente antes de ingresar. La exlegisladora agregó que será su defensor quien determine los pasos por seguir dentro del proceso.
La exjefa de la fracción oficialista y actual asesora de comunicación ad honórem de la Presidencia fue notificada este jueves en las afueras de Casa Presidencial, luego de varios intentos realizados por el Ministerio Público para entregarle la citación.
La Fiscalía incluso emitió una alerta migratoria después de recibir información según la cual Cisneros se encontraba fuera de Costa Rica. La exdiputada rechazó la versión de que su esposo hubiera atendido una llamada y comunicado que ella estaba fuera del país.
“Es absolutamente falso lo que dicen. Ellos dicen que mi esposo les contestó el 20 de agosto. Bueno, resulta que mi esposo estaba conmigo, fuera del país. A menos que mi esposo se pueda desdoblar, es absolutamente falso”, manifestó.
La investigación
Cisneros figura entre las seis personas imputadas en la causa que investiga la existencia de dos presuntas estructuras paralelas utilizadas para captar recursos y cubrir gastos proselitistas durante la campaña presidencial de Chaves.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, uno de los mecanismos habría funcionado mediante el fideicomiso Costa Rica Próspera y el otro por medio de cuentas bancarias pertenecientes a Sofía Agüero Salazar, quien coordinó parte de la agenda de Chaves durante 2021.
La Fiscalía sostiene que ambas estructuras habrían operado fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la tesorería del partido Progreso Social Democrático, sin los controles ni los reportes públicos exigidos por la legislación electoral.
Las autoridades atribuyen preliminarmente a las personas investigadas la posible comisión de delitos electorales. La causa continúa en investigación y corresponderá a la Fiscalía determinar las siguientes actuaciones judiciales.
