La diputada presentó este 1.º de septiembre una denuncia penal contra el anterior Directorio de la Asamblea Legislativa y cuestionó la velocidad con la que actúa la Fiscalía en distintos casos.
La diputada Marta Esquivel presentó este martes 1.º de septiembre una denuncia penal contra el anterior Directorio de la Asamblea Legislativa, encabezado por Rodrigo Arias, por presuntos nombramientos realizados al margen de los procedimientos establecidos.
La legisladora sostiene que durante la gestión del anterior Directorio se habrían efectuado nombramientos “a dedo”, una práctica que, según afirmó, debe desaparecer de las instituciones públicas y que contradice las reglas establecidas para garantizar procesos de selección transparentes.
“Hoy primero de septiembre hemos presentado la denuncia penal contra el anterior directorio de la Asamblea Legislativa por hacer nombramientos a dedo”, declaró Esquivel al referirse a la acción presentada ante las autoridades.
La diputada cuestionó que se puedan realizar designaciones de personas que, según su señalamiento, no cumplirían con los requisitos establecidos o que no habrían atravesado todas las etapas correspondientes del procedimiento.
“Eso realmente tiene que acabarse en el país”, afirmó Esquivel, quien vinculó su denuncia con la normativa vigente en materia de empleo público. La legisladora sostuvo que existen reglas precisamente para evitar que los procedimientos de selección sean ignorados cuando se pretende favorecer determinadas designaciones.
En ese sentido, Esquivel aseguró que la Ley Marco de Empleo Público y las demás disposiciones aplicables establecen procedimientos que deben respetarse en las instituciones estatales. Su cuestionamiento apunta a determinar si el anterior Directorio de la Asamblea Legislativa habría omitido esos mecanismos en determinados nombramientos.
La diputada también lanzó un mensaje directo a la Fiscalía y puso en duda la velocidad con la que podría avanzar la investigación. En su declaración, pidió que el Ministerio Público dé seguimiento al caso y no permita que la denuncia quede archivada sin que se determinen los hechos.
“Así que costarricenses, esperemos que esta vez la Fiscalía se mueva a la velocidad que lo ha hecho en algunos casos que son de su interés y otros desgraciadamente los dejen engavetados”, manifestó.
La denuncia coloca nuevamente bajo escrutinio las decisiones adoptadas por el anterior Directorio legislativo y abre la posibilidad de que el Ministerio Público determine si existen elementos para investigar eventuales responsabilidades penales.
Por ahora, corresponde a las autoridades analizar los hechos denunciados, revisar los procedimientos utilizados en los nombramientos señalados y establecer si existió alguna irregularidad. La presentación de una denuncia penal no implica, por sí misma, que las personas señaladas hayan cometido un delito.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la transparencia en los nombramientos dentro de las instituciones públicas y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por ley.
