La orden de allanamiento atribuye al funcionario judicial haber mantenido relaciones sexuales con Gelen Arias Monge dentro de los Tribunales de Justicia de Guápiles. La mujer figuraba como imputada en una causa en la que el propio juez había ordenado medidas cautelares
Un escandaloso señalamiento sacude al Poder Judicial: un juez penal de Pococí habría utilizado su propia oficina en los Tribunales de Justicia de Guápiles para mantener relaciones sexuales con Gelen Magaly Arias Monge, hermana del presunto narcotraficante Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”.
La revelación aparece consignada en la orden de allanamiento contra el juez Ricardo Valverde López, detenido este martes durante un operativo dirigido por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Según el documento judicial e informaciones del medio Expediente, el supuesto encuentro sexual ocurrió el 3 de febrero de 2026, alrededor de las 3 p. m., dentro del despacho que ocupaba el funcionario.
La situación adquiere mayor gravedad debido a que Arias Monge figuraba como imputada en el denominado caso Colorado, expediente en el cual Valverde había intervenido como juez y ordenado medidas cautelares.
“El día 3 de febrero de 2026, al ser las 15:00 horas, en Limón, Pococí, Guápiles, en el edificio de Tribunales de Justicia, propiamente en la oficina del imputado Ricardo Valverde López”, el juez recibió a Arias Monge pese a su condición de imputada, indica la resolución.
La orden agrega que el funcionario, “utilizando en beneficio propio la oficina institucional y faltando a su deber de probidad, tuvo relaciones sexuales con la imputada Arias Monge”.
Más encuentros bajo investigación
El expediente no se limita a ese supuesto episodio. La investigación señala que Valverde habría recibido nuevamente a la hermana de “Diablo” en su despacho y en las afueras de los Tribunales de Justicia de Guápiles.
Esos encuentros presuntamente se produjeron el 2 de marzo, el 6 de abril y el 2 de junio de este año.
Durante algunos de esos contactos, el juez supuestamente le suministró información sensible relacionada con el avance del caso Colorado, investigación en la que familiares de “Diablo” son investigados por el presunto delito de legitimación de capitales.
La hipótesis de las autoridades es que Valverde aprovechó el acceso privilegiado que poseía por su cargo para conseguir datos de una causa que no se encontraba bajo su competencia y posteriormente compartirlos con Arias Monge.
Entre la información que presuntamente trasladó se encontrarían detalles sobre el avance de la acusación, las solicitudes que preparaba el Ministerio Público, una eventual extradición de “Diablo” y el supuesto interés de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en el caso.
Según la resolución, el juez incluso habría pedido que la información suministrada se mantuviera únicamente entre ambos.
Expediente menciona a otra mujer
La orden de allanamiento contiene otro señalamiento que aumenta el escándalo: el funcionario judicial también habría mantenido relaciones sexuales en esa misma oficina con otra mujer vinculada a un proceso judicial.
El documento coloca así el despacho de un juez penal, situado dentro de un edificio del Poder Judicial, como escenario de presuntos encuentros sexuales con mujeres relacionadas con causas judiciales.
La investigación también busca determinar si la relación entre Valverde y la hermana de “Diablo” permitió que personas vinculadas con la supuesta organización criminal accedieran anticipadamente a información sobre actuaciones judiciales y policiales.
Los investigadores consideran que varias de las conversaciones sensibles pudieron realizarse mediante aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Signal, debido al temor de que las líneas telefónicas convencionales estuvieran intervenidas.
Por esa razón, se autorizó el análisis de dispositivos electrónicos y la recuperación de información digital que permita confirmar o descartar la teoría planteada por la Fiscalía.
El proceso se tramita bajo el expediente 25-009138-0042-PE. Los hechos atribuidos al juez permanecen bajo investigación y deberán ser demostrados ante los tribunales, por lo que al funcionario lo ampara el principio de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.
