Los oficiales fueron capturados en junio durante allanamientos del OIJ y eran investigados por facilitar teléfonos celulares al líder criminal mientras permanecía en máxima seguridad.
Dos oficiales de la Policía Penitenciaria señalados por facilitar teléfonos celulares a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, mientras permanecía recluido en el área de máxima seguridad de La Reforma, fueron despedidos oficialmente de sus cargos.
La salida de ambos funcionarios fue confirmada por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, quien señaló que la institución tomó la decisión luego de la investigación relacionada con la presunta colaboración que habrían brindado al privado de libertad.
Los policías habían sido detenidos en junio anterior durante una serie de allanamientos ejecutados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Las diligencias formaron parte de una investigación que buscaba determinar cómo López Vega, pese a encontrarse bajo un régimen de máxima seguridad, habría logrado mantener comunicación con personas vinculadas con su organización criminal.
De acuerdo con la información conocida sobre el caso, una fuente confidencial permitió a las autoridades judiciales detectar posibles irregularidades relacionadas con los funcionarios penitenciarios. A partir de esos datos se desarrollaron las pesquisas que terminaron con la captura de los dos oficiales.
La principal sospecha contra los funcionarios apunta a que habrían facilitado sus teléfonos celulares a “Pecho de Rata”, permitiéndole utilizarlos para comunicarse con integrantes de su estructura criminal desde el centro penitenciario.
La situación adquiere especial relevancia debido a las condiciones de seguridad bajo las cuales se encontraba recluido López Vega. El acceso a teléfonos celulares está prohibido para las personas privadas de libertad, particularmente en un espacio destinado a mantener bajo controles estrictos a internos considerados de alta peligrosidad.
El caso también vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control dentro de los centros penitenciarios y el riesgo que representa la participación de funcionarios en el ingreso o utilización de artículos prohibidos. Para las autoridades, impedir este tipo de colaboración es parte de las acciones necesarias para evitar que organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.
López Vega, señalado como uno de los líderes de una estructura criminal, fue posteriormente deportado a Estados Unidos junto con el exmagistrado Celso Gamboa en marzo del año pasado. Ambos fueron trasladados a territorio estadounidense para enfrentar procesos relacionados con investigaciones desarrolladas en ese país.
Con el despido de los dos oficiales, el Ministerio de Justicia y Paz cierra la vía administrativa contra los funcionarios, mientras las investigaciones judiciales relacionadas con la presunta colaboración continúan su curso.
La información sobre el caso evidencia además la importancia de los canales confidenciales utilizados por las autoridades para detectar posibles actos de corrupción dentro del sistema penitenciario, especialmente cuando estos pueden permitir que personas privadas de libertad mantengan contacto con estructuras criminales fuera de las cárceles.
