Pilar Cisneros impulsa reforma para que cualquier ciudadano pueda aspirar a la presidencia sin pertenecer a un partido político

La diputada propone un cambio histórico en la Constitución Política para permitir candidaturas presidenciales e independientes, alegando una profunda crisis de representación y desconfianza en los partidos tradicionales.

La diputada Pilar Cisneros Gallo presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma constitucional que plantea un cambio trascendental en el sistema electoral costarricense: permitir que las personas puedan postularse a la Presidencia de la República y otros cargos de elección popular sin necesidad de pertenecer a un partido político.

El texto, titulado “Derecho a ser electo y a elegir a través de grupos electorales independientes o candidaturas individuales”, busca modificar los artículos 95, 96, 98, 102 y 124 de la Constitución Política.

El objetivo central es abrir el espacio para que los ciudadanos puedan participar en la vida política mediante grupos electorales independientes o candidaturas individuales, garantizando así el derecho a ser electo sin la mediación obligatoria de los partidos tradicionales.

Según la exposición de motivos del proyecto, la iniciativa responde a una crisis de representación política que se refleja en los más recientes estudios del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

De acuerdo con el documento, un 81% de los costarricenses no se identifica con ningún partido político, mientras que el 77,1% afirma votar por la persona candidata más que por la agrupación que la postula.

Estos datos, sostiene la propuesta, demuestran un deterioro de la confianza ciudadana en las estructuras partidarias, así como un deseo creciente de los electores por modelos más directos de participación.

Además, se cita el aumento del abstencionismo en las últimas elecciones nacionales: del 30,8% en 2010 al 40,65% en 2022, el más alto de la historia democrática del país.

“El Estado costarricense se encuentra obligado a actuar de manera decidida, construyendo nuevos canales que permitan al ciudadano ejercer de manera efectiva su derecho de participación”, señala el documento legislativo.

Una propuesta con sustento jurídico y constitucional

El proyecto cita como fundamento el artículo 23 del Pacto de San José —tratado internacional de jerarquía supraconstitucional—, que establece que el derecho a elegir y ser electo debe ejercerse mediante elecciones periódicas, auténticas, universales y secretas, pero sin imponer que las candidaturas deban canalizarse exclusivamente a través de partidos políticos.

Asimismo, la iniciativa recuerda que la Sala Constitucional, mediante el voto 2007-00456, reconoció que el legislador puede optar por permitir la postulación de grupos electorales independientes o candidaturas individuales.

En ese fallo, la Sala indicó que tal posibilidad no viola la Constitución siempre que los requisitos sean razonables, proporcionales y accesibles para los ciudadanos.

El proyecto también cita una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (6372-E3-2021), la cual reafirma que el bloque de convencionalidad no impone un único modelo de participación política, dejando a criterio de cada Estado establecer si mantiene el monopolio de los partidos o habilita otras formas de representación.

De aprobarse, la reforma introduciría ajustes de fondo en varios artículos de la Carta Magna. El artículo 98, por ejemplo, se reformaría para reconocer explícitamente el derecho de los ciudadanos a participar “en partidos políticos, en grupos electorales independientes o mediante candidaturas individuales”, asegurando que todas estas opciones sean democráticas en su organización y funcionamiento.

El artículo 96 establecería que el financiamiento estatal se extienda también a los grupos electorales independientes y a las candidaturas individuales, en igualdad de condiciones con los partidos.

El texto dispone que quienes obtengan al menos el 3% de los votos válidos a nivel nacional o provincial tendrán derecho a recibir la contribución económica del Estado, además de poder solicitar anticipos con las mismas garantías que las agrupaciones tradicionales.

En el artículo 102, la reforma ampliaría las funciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que también atienda denuncias y reclamaciones de estos nuevos actores políticos.

Finalmente, un artículo transitorio da a la Asamblea Legislativa un plazo de dos años para adaptar el Código Electoral y crear las normas que regulen los procedimientos para inscribir y fiscalizar tanto los grupos independientes como las candidaturas individuales.

La exposición de motivos concluye afirmando que, tras 75 años de la Constitución de 1949, Costa Rica debe dar un paso histórico hacia una “tercera república”, capaz de modernizar su sistema político y ampliar la participación ciudadana.

“Costa Rica, como una de las democracias más sólidas del mundo, puede y debe dar este paso histórico e innovar la forma de hacer política… Ello permitirá construir un sistema electoral más justo y representativo que contribuya a abrir camino hacia la tercera República como legado indiscutible para las futuras generaciones”, indica el documento presentado por Cisneros.

La propuesta, respaldada por otras diputaciones, abre un debate nacional sobre el futuro del sistema político costarricense y el papel de los partidos tradicionales. De ser aprobada, representaría una de las reformas más profundas a la Constitución en materia electoral desde 1949, con implicaciones directas sobre cómo se elige —y quién puede ser elegido— en Costa Rica.