El ICE no puede convertirse en rehén de Huawei
La creciente dependencia del Instituto Costarricense de Electricidad de la empresa china Huawei plantea serias interrogantes sobre la seguridad de las telecomunicaciones, la transparencia en las contrataciones públicas…
Costa Rica debe preguntarse hasta qué punto resulta conveniente que una institución estratégica como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dependa de una sola empresa extranjera para mantener y ampliar parte de su infraestructura de telecomunicaciones.
Y la preocupación aumenta cuando esa empresa es Huawei, una compañía tecnológica de origen chino, cuya participación en redes de telecomunicaciones ha generado controversias internacionales por posibles riesgos de seguridad y protección de información.
El problema no es simplemente que Huawei sea china. El verdadero cuestionamiento es la dependencia tecnológica que se ha construido durante años y las dificultades que enfrenta el ICE para incorporar equipos de otros fabricantes.
Las recientes informaciones sobre una contratación para adquirir terminales de fibra óptica ponen nuevamente el tema sobre la mesa.
El ICE tramita una compra mediante un procedimiento excepcional, con un presupuesto estimado de ₡3.580 millones para el primer año, en la que solamente participó un consorcio que ofrece equipos Huawei.
La institución sostiene que el procedimiento cumple con la legislación y que todavía no ha sido adjudicado. Sin embargo, eso no elimina las preguntas sobre la competencia, los costos y las razones técnicas que justifican esta modalidad de contratación.
¿Cómo llegó el ICE al punto de depender de una marca hasta el extremo de enfrentar dificultades para incorporar equipos de otros fabricantes?
Esta pregunta debería preocuparnos a todos.
Una empresa pública que administra infraestructura esencial para las comunicaciones nacionales no puede permitir que sus decisiones futuras queden condicionadas indefinidamente por las tecnologías adquiridas en el pasado.
El asunto va mucho más allá de comprar equipos para llevar Internet a los hogares.
Hablamos de infraestructura por la que circula información de miles de ciudadanos, empresas e instituciones públicas. Su seguridad debe considerarse un asunto de interés nacional.
En el 2023, Costa Rica estableció requisitos de ciberseguridad para el desarrollo de las redes móviles 5G que restringieron la participación de Huawei, debido a las condiciones establecidas para los proveedores.
Aquella decisión abrió un debate sobre los riesgos tecnológicos, la competencia y las relaciones comerciales con China.
Sin embargo, hoy surge una contradicción que merece explicaciones: mientras el país impone restricciones de seguridad para las redes 5G, el ICE mantiene una importante dependencia de tecnología Huawei en otras áreas de sus telecomunicaciones.
Es necesario aclarar que la existencia de equipos de esta marca no demuestra, por sí sola, que exista espionaje o acceso indebido a información. Pero tampoco significa que debamos ignorar los riesgos potenciales ni renunciar a evaluaciones independientes.
La seguridad nacional no puede depender únicamente de las garantías comerciales de un fabricante.
Costa Rica debe exigir auditorías técnicas, mecanismos efectivos de ciberseguridad y condiciones que permitan incorporar diferentes proveedores sin comprometer la continuidad de los servicios.
También resulta indispensable revisar cómo se han planificado las inversiones tecnológicas del ICE durante los últimos años.
Porque cuando una institución termina dependiendo de una sola marca para ampliar sus redes, debemos preguntarnos si existió suficiente previsión para proteger la competencia y los recursos públicos.
No se trata de cerrar las puertas a China ni de descalificar automáticamente a sus empresas. Se trata de comprender que las relaciones comerciales deben establecerse bajo condiciones de transparencia, independencia y protección de los intereses nacionales.
Huawei tiene derecho a competir donde la legislación lo permita. Pero el ICE tiene la obligación de garantizar que ninguna empresa, china, estadounidense o europea, se vuelva indispensable hasta el punto de limitar sus decisiones.
La Auditoría Interna debe profundizar en las condiciones de las contrataciones cuestionadas, mientras que las autoridades institucionales deben explicar cuáles alternativas tecnológicas se han estudiado y qué medidas se adoptarán para reducir la dependencia.
Costa Rica no puede darse el lujo de perder autonomía sobre su infraestructura de telecomunicaciones.
El ICE pertenece a los costarricenses. Sus decisiones deben responder a las necesidades del país, no a las condiciones comerciales de un proveedor.
Y si después de tantos años de inversiones millonarias resulta difícil comprar equipos de otra marca, entonces estamos frente a un problema que merece una revisión profunda.
Porque una cosa es contratar tecnología extranjera para modernizar el país y otra muy distinta es terminar dependiendo de ella para poder seguir funcionando.
El ICE debe tener el control de su futuro tecnológico. Y ese control no puede quedar en manos de Huawei ni de ninguna otra compañía.
