Proyecto de ley busca elevar la edad mínima para tener y portar armas en Costa Rica
La iniciativa fue presentada por el diputado Gonzalo Ramírez y otros ocho legisladores. También plantea limitar la cantidad de cargadores, exigir pruebas psicológicas y establecer nuevas penas de cárcel.
Un proyecto de ley presentado por diputados del oficialismo busca aumentar de 18 a 25 años la edad mínima para tener y portar armas de fuego en Costa Rica, mediante una reforma a la Ley de Armas y Explosivos.
La iniciativa es promovida por el presidente de la Comisión de Seguridad, Gonzalo Ramírez, junto con otros ocho legisladores, y plantea una serie de cambios a los requisitos para acceder a armas de fuego, así como nuevas sanciones por su posesión y comercialización ilegal.
Nuevas penas y límites para los cargadores
Entre las principales medidas, el proyecto establecería penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes posean o comercialicen armas, componentes o municiones provenientes de instituciones públicas, siempre que conozcan su origen ilícito.
La sanción aumentaría de seis a diez años de cárcel cuando la persona responsable sea funcionaria pública y aproveche su cargo para cometer el delito, o cuando el arma se destine a la comisión de otro delito.
La propuesta también limitaría a dos la cantidad de cargadores que puede portar una persona, con un máximo de 17 proyectiles cada uno.
Esta restricción no se aplicaría a los cuerpos policiales, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ni a las empresas de seguridad privada cuando sus integrantes se encuentren en el ejercicio de sus funciones.
Además, quienes soliciten autorización para tener o portar armas tendrían que cumplir con nuevos requisitos, entre ellos exámenes psicológicos, pruebas teóricas y prácticas, y demostrar el origen de los ingresos utilizados para adquirir y mantener las armas.
El texto contempla algunas excepciones al límite de 25 años.
Una de ellas permitiría que personas mayores de 14 años practiquen tiro deportivo, siempre que cuenten con autorización y acompañamiento de su representante legal.
También se establecería una excepción para mayores de 18 años que necesiten portar armas debido a las funciones que desempeñan en sus trabajos.
En cuanto a los cuerpos policiales, la iniciativa permitiría que unidades especializadas utilicen armas clasificadas como prohibidas durante operativos de alto riesgo contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.
El proyecto deberá ingresar a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde comenzará su trámite y discusión antes de avanzar en el proceso legislativo.
