Un juez impuso la medida a la mayoría de los sospechosos ligados a una organización que, según la PCD, utilizaba la Terminal de Contenedores de Moín para enviar cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Un juez de la República impuso un año de prisión preventiva a 55 de los 62 detenidos durante la denominada “Operación Leviatán”, un contundente operativo realizado por la Policía de Control de Drogas (PCD) contra una organización vinculada con el tráfico internacional de cocaína.
La operación se llevó a cabo el pasado 28 de julio y permitió golpear una estructura que, de acuerdo con la investigación policial, utilizaba la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, como punto estratégico para enviar cargamentos de droga al extranjero.
Según la información suministrada por la PCD, la organización enviaba cocaína principalmente hacia Europa, aunque también mantenía operaciones dirigidas a Estados Unidos. La utilización de contenedores y de exportaciones legales habría sido parte del mecanismo empleado para intentar sacar la droga del país.
Entre los 55 sospechosos que deberán permanecer en prisión preventiva se encuentran personas señaladas como líderes de la organización. Entre ellas figura una mujer de apellido Bell, identificada como hija del extraditado conocido como “Macho Coca”.
También recibió un año de prisión preventiva su pareja sentimental, un hombre de apellido Casanova, así como otro de los presuntos integrantes de la estructura, de apellido Méndez.
La decisión judicial representa uno de los principales resultados posteriores al operativo, en el que la PCD realizó las acciones necesarias para desarticular la organización y detener a las personas que estarían relacionadas con el tráfico internacional de drogas.
No obstante, la resolución judicial no fue igual para todos los detenidos. Cinco personas quedaron sujetas a medidas alternas a la prisión preventiva, mientras que otras dos fueron puestas en libertad.
La “Operación Leviatán” fue considerada por las autoridades como un golpe de gran importancia contra las organizaciones criminales que utilizan Costa Rica como punto de tránsito para el envío de cocaína hacia mercados internacionales.
Uno de los principales objetivos de la intervención policial era precisamente atacar el uso de la infraestructura portuaria y comercial del país por parte de grupos dedicados al narcotráfico. En este caso, la investigación se concentró en la utilización de la Terminal de Contenedores de Moín para sacar cargamentos de droga.
La PCD destacó que este tipo de operaciones también busca evitar que las exportaciones costarricenses sean utilizadas para transportar cocaína, una modalidad que puede afectar tanto la seguridad nacional como la actividad comercial legítima de empresas que utilizan los puertos del país.
El resultado judicial llega semanas después del operativo y mantiene tras las rejas a la mayoría de los sospechosos mientras avanza la investigación. Para las autoridades, el golpe permite debilitar una estructura que habría establecido conexiones para colocar droga costarricense en importantes mercados internacionales.
Con 55 personas en prisión preventiva durante un año, cinco bajo medidas alternas y dos en libertad, el caso continuará ahora en la vía judicial, mientras las autoridades avanzan con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades de cada uno de los investigados.
