El Ejecutivo expuso el perfil de las víctimas de la ola de violencia que golpea a la provincia y asegura que 39 de las 51 personas asesinadas tenían informes policiales.
Redacción- La ola de homicidios que sacude a Cartago tiene detrás un dato que dimensiona la guerra que mantienen organizaciones criminales por el control de diferentes territorios de la provincia.
El Gobierno de la presidenta Laura Fernández reveló este miércoles que, de las 51 personas asesinadas en Cartago durante las últimas semanas, al menos 34 estaban vinculadas con organizaciones criminales.
Además, según los datos expuestos por el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, 39 de las 51 víctimas tenían informes policiales.
“Uno con 28 pasadas, otro con 23, uno con 22, dos con 20”, detalló Campos al referirse al historial de algunas de las personas asesinadas.
El Ejecutivo sostiene que la escalada de violencia responde principalmente a enfrentamientos relacionados con el crimen organizado y las disputas entre estructuras que operan en diferentes sectores cartagineses.
Algunos habían salido de prisión
Durante la exposición, el Gobierno puso sobre la mesa varios casos de personas asesinadas que habían estado anteriormente en prisión.
Uno de ellos es John Andrés Retana Moya, a quien el Ejecutivo vinculó con la organización conocida como Los Maruja.
Según la información presentada por Presidencia, Retana debía permanecer en prisión hasta 2027 por venta de drogas, pero recuperó su libertad en 2025. Además, registraba antecedentes relacionados con drogas, portación ilegal de arma y robo agravado.
También mencionaron a Ana Ruth Retana Moya, igualmente relacionada por el Gobierno con Los Maruja, quien habría recuperado su libertad un año antes de lo previsto y registraba causas relacionadas con tenencia de drogas, agresión psicológica y fuga penitenciaria.
Otro de los casos expuestos fue el de Dayner Alonso Vargas Ruiz, vinculado por las autoridades con la organización denominada Los Turcos. Según Presidencia, también salió de prisión un año antes y tenía registros relacionados con drogas, detonaciones con arma de fuego y robo.
El cuarto caso señalado fue Anderson David Guzmán Villalobos, relacionado con la agrupación Los Chacales. El Gobierno indicó que debía cumplir una sentencia hasta 2027 por venta de drogas, pero quedó en libertad en mayo. También registraba antecedentes por hurto, desobediencia, receptación y venta de drogas.
Gobierno apunta a liberaciones
El Ejecutivo también aseguró que otras cuatro personas que permanecieron en prisión preventiva posteriormente recuperaron su libertad y terminaron siendo asesinadas.
Estos casos fueron utilizados por el Gobierno para reforzar sus cuestionamientos hacia las decisiones tomadas dentro del sistema judicial y penitenciario.
La presidenta Laura Fernández sostiene que parte de las personas vinculadas actualmente con la violencia criminal no deberían haber estado en las calles.
Fernández ha endurecido sus cuestionamientos al Poder Judicial en momentos en que Cartago atraviesa una de sus etapas más violentas.
Por su parte, Seguridad Pública mantiene un despliegue especial en la provincia con 120 oficiales y operaciones dirigidas contra integrantes de organizaciones criminales.
Para el Gobierno, los números muestran que detrás de buena parte de los 51 homicidios registrados existe una disputa entre estructuras delictivas que ha terminado convirtiendo diferentes comunidades cartaginesas en escenarios de balaceras y asesinatos.
